Un juzgado obliga a la Diputación de Valladolid a quitar la bandera LGTBI

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo tres de Valladolid ha admitido las medidas cautelares que presentó la asociación ultracatólica Abogados Cristianos y ha obligado a la Diputación a retirar la bandera LGTBI que había colgado en su fachada la semana pasada. La enseña arcoíris ha ondeado una semana en este céntrico edificio vallisoletano y se retiró en la noche de este domingo. Esta situación es consecuencia de una sentencia reciente del Tribunal Supremo, que prohíbe a las Administraciones el uso, aunque sea “ocasional”, de estandartes no oficiales. El Alto tribunal entendió que “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente” y pese a ello varias instituciones han desoído esta indicación o la han sorteado arguyendo que no cuelgan banderas “sino pancartas”, como el mismo Consistorio vallisoletano. El Ayuntamiento de Cádiz también se ha visto obligado a quitar la suya a raíz de otra denuncia de estos juristas ultraconservadores.

La asociación también ha presentado una querella por prevaricación contra Conrado Íscar, presidente de la Diputación de Valladolid, por desatender la sentencia del Supremo. La presidenta de Abogados Cristianos, la vallisoletana Polonia Castellanos, ha exigido la dimisión de Íscar y ha expuesto que solicitarán su inhabilitación en los tribunales porque “si no es capaz de cumplir una sentencia del Supremo, es que no está capacitado para ser presidente de una Diputación como la de Valladolid”, según recoge la agencia Ical. Castellanos ha subrayado que este símbolo que representa a lesbianas, gays, trangénero, bisexuales e interexuales (LGTBI) equivale a las “banderas independentistas” porque “no se puede permitir que una Administración coloque una bandera que solo representa a una parte de la ciudadanía”.

Fuentes de la Diputación vallisoletana asisten sorprendidas a esta decisión judicial porque la enseña arcoíris se arrió del Palacio de Pimentel, “como es norma en la casa”, en la noche del domingo. Lo habitual es que cualquier bandera reivindicativa, como ocurrió hace unas semanas en el día internacional contra el cáncer de mama o de la donación de sangre, se descuelgue una vez ha trascurrido el periodo en el que iba a ondear. Esta vez ha estado atada a una ventana durante una semana, algo más que de costumbre, fruto de una iniciativa de Valladolid Toma la Palabra —escisión de Izquierda Unida que gobierna en coalición con el PSOE— que apoyaron todos los grupos salvo Vox. El único representante de esta formación en el Consistorio de la ciudad castellanoleonesa, Javier García Bartolomé, reclamó entonces que se retirara de manera “inmediata” porque “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente”.

La Diputación, explican fuentes de esta entidad, conocía la sentencia del Supremo pero no imaginaba que alcanzaría a la bandera arcoíris. Por tanto, cuando “20 minutos después de ponerla” Vox y Abogados Cristianos presentaron un escrito reprochando que se incumplía la ley, se solicitó un informe para certificar si se incurría en alguna irregularidad. La asesoría jurídica, aseguran, les aseguró que no se incumplía “ni la ley ni la sentencia” y decidieron conservar este símbolo. El informe, para enfado de Abogados Cristianos, aludía al pabellón como “colgadura”, y por tanto se quedó en el balcón.

La solicitud de dimisión contra Conrado Íscar, según estas mismas fuentes, se resolverá a partir de lo que digan los jueces, “como no puede ser de otra manera”. Tampoco hay nada que retirar, ironizan estos informadores, porque la bandera LGTBI se arrió en la medianoche del domingo.

Cádiz contra la sentencia

El auto contra la Diputación de Valladolid llega pocas horas antes de que el Ayuntamiento de Cádiz quite la bandera arcoíris a las siete de la tarde de este lunes, informa Jesús A. Cañas. El regidor, José María González Kitxi también recibió una querella por prevadicación por parte de Abogados Cristianos. La retirada del estandarte coincidirá con una manifestación, convocada por colectivos en defensa de la causa LGTBI, contra la medida judicial. El equipo de Gobierno, que ha invitado a sumarse a estas quejas, entregará la bandera a las plataformas que acudan a la concentración.