Los migrantes del Aquarius, dos años soñando con un permiso de residencia definitivo

“Como somos africanos y somos negros, el Gobierno se olvida de nosotros y nos abandona. Nuestra situación es difícil, sin trabajo, sin ayudas y sin posibilidades de futuro”, ha denunciado este miércoles Moses Von Kallon, migrante del Aquarius, cuando se cumplen dos años de su llegada al puerto de Valencia. De las 629 personas rescatadas en aguas del Mediterráneo por el buque fletado por Médicos sin fronteras y SOS Méditerranée, que desembarcaron en junio de 2018 en la capital española, 374 solicitaron el asilo pero, a día de hoy y agotados los 18 meses de acogida, solo se han resuelto 66 peticiones. Se ha concedido protección a ocho personas, a 49 se la han denegado y otras nueve solicitudes se han archivado. Los demás demandantes siguen pendientes de una respuesta y salen adelante como pueden, con un permiso de residencia y trabajo provisional que, aseguran, no les permite “una vida digna”.

“Si no pueden darnos la protección internacional, que nos den otra solución administrativa porque necesitamos trabajar”, reivindica Moses que, haciendo un paralelismo con la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, insiste en que con su estatus actual “no pueden respirar”. “El Gobierno hizo muchas promesas y tiene que cumplir porque hay amigos que están en la calle, sin tarjeta de trabajo ni nada. Llegamos aquí para trabajar legalmente y tener una vida”, agrega Allieu Bah, otro de los migrantes del buque y miembro de la asociación en la que se agruparon los supervivientes a principios de 2020.

“Con la tarjeta roja [el documento que obtienen los solicitantes de asilo mientras aguardan la resolución de su expediente] podemos hacer cosas básicas, pero para otras no sirve. Por ejemplo, si te vas a abrir una cuenta en el banco, hay que buscar muchos papeles, avales de personas...”, apostilla Jamiu Shaibu, de Ghana, mientras espera una respuesta a su petición. Está desesperado porque no trabaja y está tirando de los pocos ahorros que tiene. Busca faena pero solo encuentra trabajo de pocos días y la mayoría sin contrato.

Insisten una y otra vez en que la tarjeta de trabajo provisional, que deben renovar cada seis meses, no es reconocida por muchos empleadores españoles. “Cuando buscamos ocupación, las empresas no aceptan ese documento porque no se fían. Los dueños de casas para alquilar tampoco lo aceptan porque no les da garantías. Ni siquiera la mayoría de bancos aceptan la tarjeta roja”, reitera Moses, presidente de la asociación. Moses, natural de Sierra Leona, ha trabajado en el campo y hasta en la factoría automovilística de Ford pero cuando estalló la pandemia se quedó sin empleo. “Queremos apoyo y una vida digna”, repite varias veces, rodeado de otros compañeros del Aquarius.

Emily Sini, de 42 años, es la única mujer presente en la conferencia de prensa y toma la palabra para hablar en nombre de todas las que llegaron a bordo del barco. Asegura que la comida, una cama y un trabajo es fundamental porque muchas de ellas han acabado en la calle. “Es muy duro”, remacha.

Von Kallon no ha pasado por alto las declaraciones que el martes realizó la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, en las que apeló al “imperativo legal, político y moral” que contrajo el Gobierno español cuando aceptó que la flotilla del Aquarius desembarcara en un puerto español seguro tras ser rechazados por Malta e Italia. Los supervivientes del barco la ven como “una madre que piensa en sus hijos”.

El próximo sábado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de las Personas Refugiadas, han convocado a las ocho de la tarde un acto reivindicativo por demandar su regularización definitiva en la plaza del barrio de Patraix, en Valencia, donde tienen la sede de la asociación.