El Gobierno, dispuesto a reducir la duración de las fases de desescalada
Sánchez estudia permitir la movilidad entre autonomías limítrofes que salgan del estado de alarma
El Gobierno estudia que las comunidades menos afectadas por el coronavirus salgan antes del estado de alarma, y que la población de esas autonomías, si son fronterizas, pueda circular entre ellas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se abrió este domingo a que el periodo que las provincias deben pasar en cada fase sea inferior a 14 días —el plazo que regía hasta ahora— si las condiciones lo permiten. Y Pedro Sánchez informó en la conferencia de presidentes de que, “si nada se tuerce”, algunas comunidades estarán fuera del estado de alarma “en unos días”. España entera lo estaría entre finales de junio y principios de julio.
Cuando el presidente anunció el plan de desconfinamiento el pasado 28 de abril dijo que todas las comunidades permanecerían al menos dos semanas en cada fase. Un mes después, la intención del Ejecutivo es que ese ritmo se acelere allá donde sea posible. “Lo que hay vigente es lo que en su día se acordó: 14 días en cada fase. Pero en función de la evolución epidemiológica de cada territorio vamos a estudiar si hay opciones de modificar esto. La voluntad es mantener el estado de alarma allí donde sea necesario el mínimo tiempo necesario”, dijo Illa en rueda de prensa.
Después de diez semanas de estado de alarma, todo el país se encontrará desde hoy en las fases 1 o 2. Madrid, Cataluña y Castilla y León al completo dejarán atrás la fase 0, en la que permanecían desde el inicio de la desescalada, el 4 de mayo. Una semana después 11 comunidades pasaron a la fase 1. El día 18 lo hicieron el resto salvo las más rezagadas. El Gobierno estimaba a principios de mes que la duración mínima del desconfinamiento sería de seis semanas. Es decir, que en el mejor de los escenarios se completaría el 15 de junio. Eso si no había un rebrote importante. Ahora las expectativas han mejorado en la mayor parte del país. Y La Moncloa contempla un cambio de ritmo.
En este contexto, fuentes del Gobierno sostienen que “jurídicamente es posible” que algunos territorios abandonen el estado de alarma. “Se parte de un mínimo de dos semanas para cada fase, un periodo que se puede aumentar o reducir según la evolución epidemiológica. Lo lógico es que sea por semanas”, añaden. La intención de Sánchez sigue siendo pedir una sexta prórroga del estado de alarma, y para lograrlo el Gobierno ha iniciado ya las conversaciones en busca de apoyos, pero la novedad sería que esa última prórroga no tendría por qué afectar a toda España.
Las muertes por coronavirus no superaron el centenar diario en la última semana. Y se concentraron en Cataluña y Madrid, con 52 de los 70 decesos registrados en las últimas 24 horas. Nada que ver con el pico de 950 fallecidos diarios a primeros de abril repartidos por España. De los 86 nuevos casos hospitalizados —la Generalitat catalana no presentó unos datos actualizados— 60 se notificaron en Madrid y 16 en Castilla-La Mancha. Y solo hubo tres ingresos en la UCI en total.
El levantamiento del estado de alarma en un área determinada implicaría que, en esa parte del territorio, se dejaría de aplicar la restricción de derechos vigente desde el 14 de marzo. Sí permanecería en vigor la normativa que regula aspectos sanitarios como el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público, explican fuentes del Ejecutivo a EL PAÍS.
Todo el recorrido
Una condición obligada sigue siendo que todas las comunidades transiten por todas las fases. Las islas canarias de El Hierro, La Gomera y La Graciosa y la balear de Formentera pasaron el 4 de mayo directamente a la fase 1. El 7 de junio, cuando concluye la quinta prórroga del estado de alarma, llevarían una semana en la fase 3, por delante del resto de territorios. La duración de las fases se podrá acortar, por tanto, pero no habrá más excepciones, zanjan en La Moncloa: no existirá posibilidad de saltarse una fase. Alberto Núñez Feijóo reclamó en la conferencia de presidentes que Galicia, que este lunes avanza a la fase 2, salga del estado de alarma dentro de dos semanas, sin llegar a pasar por la fase 3. Sánchez le respondió que hay que “seguir” en la línea actual “de prudencia”.
En todo caso, aunque no se permita a los territorios saltarse ninguna fase de la desescalada, si finalmente se aprueba acortar la duración de cada fase el resultado a efectos prácticos sería el mismo, por ejemplo en Galicia.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también plantearon que se autorice la movilidad entre las provincias de una misma comunidad desde la fase 2. Sánchez se comprometió con el presidente de Aragón, Javier Lambán, también del PSOE, a estudiar que algunas medidas de la fase 3 se apliquen en las áreas rurales en la fase 2.
Reconducir el enfado
El malestar del PNV con el pacto suscrito por el PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu a cambio de su abstención a la quinta prórroga del estado de alarma también ha llegado a la conferencia de presidentes. “Hemos vivido de manera desconcertante los acuerdos de esta semana”, le ha dicho el lehendakari, Iñigo Urkullu, a Sánchez en la cumbre de líderes territoriales. La abstención de la izquierda abertzale al final no fue decisiva, pero el Gobierno llegó a temer por la aprobación de la prórroga tras la decisión del PP de votar en contra. La Moncloa decidió que no se conociera el pacto hasta la finalización del pleno, inquieto por perder el apoyo del PNV o Ciudadanos. La polémica alcanzó unas cotas imprevistas cuando tres horas después de que se conociera el pacto, que incluía la derogación íntegra de la reforma laboral, el PSOE emitió un mensaje casi a medianoche corrigiendo el acuerdo.
El Gobierno es tan consciente del desconcierto que causó el pacto con EH Bildu en su búsqueda de apoyos a la última prórroga del estado de alarma, que ya no da por seguro que vaya a solicitar una sexta prolongación. Por no hablar del mal trago que ha supuesto en el PSOE. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido su “desolación” al ver las siglas socialistas “mezcladas” con las EH Bildu, aunque ha tratado de justificar el pacto por la necesidad del Gobierno de sacar adelante la votación de la que dependía el estado de alarma. “Quiero entender que esa ha sido la razón”, ha observado.
Desde el pasado miércoles reconducir el enfado del bloque que hizo posible la investidura se ha complicado más todavía: ERC votó por segunda vez en contra. Compromís pasó del voto favorable al negativo. Y Nueva Canarias, del voto positivo a la abstención. La consecuencia es que en menos de una semana Sánchez ha pasado de solicitar una prórroga de un mes de duración —finalmente fueron dos semanas— a dejar en el aire su petición. “Estamos estudiando una sexta prórroga porque es nuestro deber, aunque habrá que ver cuál es la evolución epidemiológica, pero lo haremos escuchando a los expertos y a las comunidades autónomas”, dijo el sábado. En caso de solicitarla se abrió a que tuviera unas características más limitadas, referidas a la libertad de movimiento y circunscritas a algunas comunidades autónomas. En La Moncloa también pesa que desde el 3 de mayo los nacionalistas y el PP demandan, con mayor o menor intensidad, el final del estado de alarma. Sánchez ha lanzado la siguiente advertencia al final de la reunión del domingo: “Si no podemos prolongar el estado de alarma debemos ser conscientes de que nos encontraremos con dificultades para restringir la movilidad”. El presidente ha reiterado en las últimas semanas que el estado de alarma es el único instrumento jurídico que garantiza la restricción de desplazamientos entre comunidades. El ejemplo que suele utilizar es que evitaría los trayectos entre Madrid y Murcia, dos autonomías gobernadas por el PP.
El anuncio de la reforma laboral acordada con EH Bildu llegó “en el momento más indeciso y más inoportuno. Mina los pilares de la confianza”, ha cargado Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha mostrado en la reunión su “desacuerdo” con el pacto con el partido abertzale “porque contempla un agravio comparativo”, según fuentes de la cumbre. El acuerdo permitirá al País Vasco y Navarra endeudarse más. Madrid, que pide endeudarse por 2.000 millones, entiende que el acuerdo fomenta la “desigualdad territorial”. Aunque obvia que es la única que no grava el impuesto de patrimonio y bonifica al 99% sucesiones y donaciones. Sánchez le ha recordado que estas comunidades autónomas cuentan con un régimen foral. Y le ha pedido que haga llegar a la dirección del PP la necesidad de una “actitud menos obstruccionista” a la hora de plantear la prórroga del estado de alarma.
García-Page también ha deslizado sus objeciones al acuerdo con EH Bildu. “Me gustaría que no hubiera que prolongar el estado de alarma, pero de tener que ser así otros 15 días, que fuera incondicional. Es dramático tener que aguantar que se pongan condiciones o circunstancias que no tienen nada que ver con lo incómodo de la situación”, ha aseverado el presidente de Castilla-La Mancha. Lambán ha apuntado que “no se puede debatir en foros restringidos de dos o cuatro partidos” ciertas decisiones económicas sino en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “El resultado debe ser homogéneo para el todo el territorio español”, ha sentenciado. En la misma línea se ha pronunciado el cántabro Miguel Ángel Revilla.
Formato de las conferencias
El acercamiento a la izquierda abertzale no ha sido el único reproche del PNV, un socio capital para el Gobierno. Urkullu ha pedido “impulsar la cogobernanza” y cambiar el formato de las conferencias. Una de las quejas recurrentes de los presidentes autonómicos es que se enteran de lo que se les va a decir en la rueda de prensa que Sánchez da los sábados. El presidente le ha respondido que su intención es mantenerlas hasta finales de junio, cuando se haya completado la desescalada en todo el país. Y a partir de ahí consolidar el órgano con una cadencia mayor de reuniones cada 15 días o un mes. El presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha coincidido con Urkullu en “buscar una metodología mejor” a la reunión de presidentes. Por otro lado, Feijóo se ha sumado a la propuesta de Urkullu para que Correos les ayude en los respectivos procesos electorales del 12 de julio. Su petición es que no haga falta ir dos veces a Correos para pedir las papeletas y para entregarlas. Y en el caso de las personas mayores, que puedan delegar y ahorrarse el proceso.
El president catalán, Quim Torra, ha condicionado el apoyo de Junts per Catalunya al estado de alarma a recuperar íntegramente todas las competencias, sobre todo la de sanidad. En su alocución del sábado, Sánchez subrayó que el estado de alarma “está al margen y por encima de la política y de los intereses partidistas”. “Nada tiene que ver ni con competencias, ni con transferencias, ni con financiación ni con la promulgación de leyes. Es un asunto de salud pública pura y simplemente”, remarcó. Junts per Catalunya se abstuvo en las dos primeras votaciones del estado de alarma. En las siguientes ha votado en contra.
El fondo de 16.000 millones no reembolsables ha sido otro de los temas centrales. Torra lo considera “insuficiente” —Cataluña pide 4.000 millones— y ha reclamado más capacidad de endeudamiento. Presidentes del PP y del PSOE han insistido en que las comunidades quieren saber los criterios para el reparto de los tres tramos del fondo porque tienen que generar el crédito y si se demora el proceso, no dará tiempo a la ejecución. Este fue el tema principal de la conferencia de presidentes de la semana pasada. Los criterios de reparto se negociarán y consensuarán con los partidos representados en el Congreso. Sánchez ha asegurado que el primer pago será en julio y luego habrá pagos adicionales en septiembre, noviembre y finalmente en diciembre.
El presidente andaluz ha pedido a Sánchez que actúe con “equidad” y rectifique la decisión de “dejar atrás” a las provincias de Málaga y Granada en el proceso de desescalada. Las dos provincias entran este lunes en la fase 1, mientras que el resto de Andalucía lo hará en la fase 2. Moreno no ha ocultado su “insatisfacción” por una decisión que, a su juicio, “es difícil de entender" y envía “un mensaje innecesario e irreal sobre destinos turísticos que son internacionales”.
Sánchez ha destacado el esfuerzo del Gobierno en apoyar al sector turístico, en consonancia con el impacto de la crisis. En concreto, la hostelería y el turismo han sido los más beneficiados en medidas como las líneas ICO (82.324 operaciones que han llegado a 68.700 empresas), las prestaciones a trabajadores autónomos (259.238 personas, un 20% del total de solicitudes resueltas) por cese de actividad o los ERTE (con 917.704 afectados, más de 143.000 empresas), según el Ejecutivo.
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