El Supremo pide permiso al Congreso para investigar a Laura Borràs por malversación y fraude

La diputada de JxCat fue citada el pasado 14 de febrero para que declarara de forma voluntaria, pero no acudió

La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, interviene durante un debate en el pleno del Congreso este miércoles.
La portavoz de JxCAT en el Congreso, Laura Borràs, interviene durante un debate en el pleno del Congreso este miércoles.Kiko Huesca / EFE

El Tribunal Supremo ha decidido mover ficha este viernes en la investigación a Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya (JxCat) en el Congreso. Tras abrir en diciembre una causa contra la dirigente independentista por adjudicar supuestamente a dedo varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) —e invitarla el pasado febrero a declarar voluntariamente, aunque ella lo rechazó—, la Sala de lo Penal ha acordado pedir a la Cámara baja el suplicatorio para continuar con el proceso, en el que se investigan presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Según ha informado el Supremo, el presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha enviado este viernes un oficio al presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, para que traslade al Congreso dicha petición, con el objetivo de seguir así adelante con la causa contra Borràs. Esta solicitud se acompaña, además, de una exposición razonada elaborada por el juez instructor del caso, Eduardo Porrés. “En atención al contenido de las diligencias practicadas hasta este momento, existen sólidos indicios de la comisión por la señora diputada de los hechos [investigados]", recalca el magistrado en ese documento de 66 páginas.

Tras conocerse la decisión, el president Quim Torra ha salido en defensa de la diputada secesionista: “Es una mujer valiente y honesta. Me honra su amistad. Siempre a tu lado, Laura”, ha apuntado el jefe del Govern en Twitter. Borràs, que ha defendido su inocencia siempre, también ha aprovechado las redes sociales para lanzar algún mensaje. “Justicia y España ya hace tiempo que es un oxímoron” o “no soy ni una delincuente ni una corrupta”, le ha respondido a varios ciudadanos que le han enviado mensajes de apoyo.

La investigación

Estas pesquisas comenzaron en un juzgado de Barcelona, que envió la causa el Supremo debido a la condición de aforada de Borràs. Según las investigaciones, en su etapa como directora de la ILC, adjudicó supuestamente 18 contratos menores por un importe total de 259.863 euros a Isaías Herrero, con quien “mantenía una relación de amistad”. Según el escrito de Porrés, la actual parlamentaria “abusó” entonces de sus funciones al conceder, “de manera arbitraria”, “todos los contratos” de programación informática de la web de la institución.

“En todos y cada uno de los expedientes, Borràs propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago”, enumera el juez instructor, que apostilla en el texto que la actual diputada de Junts “era conocedora de la prohibición legal de fraccionar contratos". Según el magistrado, además, la parlamentaria actuó de “común acuerdo” con Herrero para beneficiarle.

El magistrado instructor aprovecha también la exposición razonada para recordar que se dio la posibilidad a la investigada de declarar voluntariamente, con el objetivo de “valorar la solidez de los indicios”: “Lo que [Borràs] declinó oportunamente, sin que se haya practicado diligencia alguna de investigación desde la llegada de los autos a este tribunal”.

Una vez recibido el suplicatorio, el Congreso dispondrá de unos dos meses para tramitarlo. La Cámara lo concede normalmente. Según detalla la agencia Europa Press, ha dado luz verde a 31 y rechazado 14, aunque el último que se denegó se remonta a 1988, cuando el Parlamento se opuso a tramitar un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo por incluir la foto del hermano de un etarra en un cartel de Interior. Por su parte, el más reciente que salió adelante data de 2016, cuando se concedió permiso para seguir con la causa contra Francesc Homs, antiguo portavoz de Convergència e investigado por el Supremo por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

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