El caso Villarejo

Los exjefes de ‘Interviú’ entregaron el ‘pendrive’ sobre Iglesias a Villarejo para cumplir un “requerimiento policial”

Alberto Pozas y Luis Rendueles afirman que el comisario era un policía “prestigioso” y que la desaparecida revista atendió numerosas peticiones “verbales” de las fuerzas de seguridad

Former Interviú editor Alberto Pozas in court.
Former Interviú editor Alberto Pozas in court.GTRES

Alberto Pozas y Luis Rendueles, exdirector y subdirector de la desaparecida revista Interviú, aseguran que cuando, en 2016, entregaron al comisario José Villarejo –actualmente en prisión– un pendrive que contenía datos sobre las finanzas de Podemos y sobre su líder, Pablo Iglesias, que habían sido extraídos de un móvil robado a una colaboradora de este, lo hicieron para atender un “requerimiento policial” que les hizo el propio Villarejo de manera “verbal”.

Pozas y Rendueles, al frente de la revista hasta su cierre en enero de 2018, se encuentran imputados desde hace un año por descubrimiento y revelación de secretos en la llamada pieza Dina del macrosumario del caso Villarejo. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón después de que se levantara el secreto de sumario, ambos solicitan el sobreseimiento inmediato de la causa contra ellos, que apenas ha registrado avances en este tiempo. Tras ser imputado en abril de 2019, Pozas dimitió como número dos de la oficina de comunicación de La Moncloa.

La información del celular sustraído a Dina Bousselham, asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo, incluía, entre otros elementos, comunicaciones privadas del líder del partido en Telegram. Una de ellas, de agosto de 2014, sirvió en julio de 2016 para que el periódico digital Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda, publicara una noticia en la que atribuía una serie de comentarios machistas al ahora vicepresidente segundo. Esa pieza completa una serie de informaciones que publicaron diversos medios apoyándose en dossieres policiales sin firma, supuestamente confeccionados por las llamadas cloacas del Ministerio del Interior.

Entre esos documentos apócrifos, lanzados en el momento en que Podemos aspiraba a adelantar al PSOE en la hegemonía de la izquierda, figuraba el llamado Informe PISA (acrónimo de Pablo Iglesias S. A.), que aseguraba que el régimen iraní había financiado a Podemos y a su entorno. Estos informes sin membrete, que causaron un notable revuelo mediático y que sirvieron para articular querellas contra Podemos, fueron desechados de plano tanto por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo como por el Tribunal de Cuentas.

En el escrito de defensa, Pozas y Rendueles afirman que la tarjeta con los datos sobre Podemos e Iglesias llegó, como otras muchas informaciones, de manera “anónima” a la redacción de Interviú, y que ellos no hicieron ninguna gestión u actuación para obtenerla. “La información llegó a la revista sin que esta ni ninguno de sus responsables o del grupo editorial tuviera absolutamente nada que ver con el supuesto robo del teléfono móvil” de Bousselham, señala el documento, firmado por Sergi Mercé Klein, el abogado habitual de Interviú. Este hecho, sostiene el letrado, invalida la imputación por descubrimiento de secretos, delito que comete el que “se apodere” de los documentos o efectos personales de alguien sin su consentimiento.

Al analizar los documentos, señala el escrito, el propio Pozas, como director de la revista, “decidió” que “no había nada publicable” y “aconsejó” al director editorial [Miguel Ángel Liso], que entregara la información a Pablo Iglesias, lo que el propio líder de Podemos reconoció que se hizo. “Resulta francamente sorprendente que se mantenga todavía la imputación de los responsables de la revista [por revelación de secretos] cuando se respetó “el derecho a la intimidad de la titular del teléfono” y nada se publicó”, sostiene el alegato de defensa.

El delito de revelación de secretos también lo puede cometer, según el artículo 197.3 del Código Penal, quien “ceda a terceros” la información obtenida de manera ilícita. Aquí se enmarca la entrega del pendrive con los datos al comisario Villarejo. Tras la entrega de la tarjeta a Pablo Iglesias, Luis Rendueles recibió “un requerimiento policial verbal” de Villarejo en el que este reclamaba “una copia de la información contenida en aquella tarjeta que había llegado a la revista”.

Los imputados dicen desconocer “absolutamente” cómo se enteró Villarejo de que Interviú tenía esa información, y aventuran que el policía tenía “múltiples y variadas” vías posibles para averiguarlo. En sus declaraciones ante el juez, Rendueles y Pozas explicaron que en revistas de investigación era habitual recibir requerimientos de entrega de información por parte de Policía y Guardia Civil, incluso de manera verbal. El escrito subraya que en 2016, la imagen general que se tenía de Villarejo no era la de un policía corrupto que usaba la información para enriquecerse, sino la de un comisario “prestigioso” y “reiteradamente condecorado” que figuraba como jefe de Inteligencia de la Policía y mantenía “relaciones fluidas y de confianza con jueces, fiscales, policías, guardias civiles, políticos y relevantes empresarios”.

Por todo ello, cuando se recibió la llamada de Villarejo para la entrega de los datos los jefes de Interviú entendieron, afirma el escrito, que la petición “procedía de un alto cargo policial y, por tanto, debía ser atendida”. “En aquellas fechas nadie podía sospechar que pudiera dar a la información que se le iba a entregar ningún uso ilícito o ilegítimo (…) Se cumplió con el requerimiento, recuperándose para ello la información del ordenador en el que se había volcado el contenido de la tarjeta, para grabarla en un pendrive”. Pozas y Rendueles le entregaron luego el dispositivo “a la vista de la clientela de un conocido restaurante de la ciudad de Madrid”.

Ambos periodistas niegan tener conocimiento del uso que posteriormente pudo hacer Villarejo del dossier, que se entregó, insisten, “entendiendo que se trataba de un requerimiento policial de información y suponiendo que el uso que se le daría sería un uso policial legítimo”, y recuerdan que Interviú no publicó nada sobre ello. También rechazan que la revista colaborara con la llamada “policía patriótica”, el grupo policial que, durante la época de Jorge Fernández Díaz al frente de Interior, elaborara y distribuía informes apócrifos contra los adversarios políticos del PP, sino que, antes al contrario, denunciaron su existencia en sus páginas.

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