El general de la Guardia Civil aclara que se persiguen los bulos, “no la crítica política”

Más vale tarde que nunca. Dos días después de la tormenta política generada por asegurar que la Guardia Civil trabajaba para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”, el general José Manuel Santiago se ha explicado: “Al hablar de bulos me refiero a que la monitorización de la Guardia Civil trata de identificar esos bulos de origen incierto, que puedan generar alarma social en cuestiones de salud. Estas actividades siempre tienen escrupuloso respeto a la libertad de expresión y a la crítica política”, ha puntualizado. La contestación se ha producido después de que el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, haya dado paso a las cuestiones de los periodistas relativas al asunto, algo que no ocurrió ayer lunes.

Trataba de poner fin así a la polémica generada por sus declaraciones del pasado domingo. Una instrucción interna, en forma de correo electrónico, y firmada por el propio general, emplazaba el pasado día 15 a todas las comandancias a reportar semanalmente las incidencias relacionadas con la ciberseguridad. En su quinto punto, el documento se refiere a: “Identificación, estudio y seguimiento en relación por la situación creada por el Covid-19 de campañas de desinformación, así como publicaciones desmintiendo bulos y fake news susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno”.

En ese mail parece radicar el “lapsus”, como lo calificó el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, del general. “Se trata de un documento de carácter interno", aclaro Santiago. “Y por instituciones se entienden las de ámbito local, autonómico y de todo el Estado”, agregó.

“En mi opinión todo obedece a un grave error de concepto por el que alguien, que no es técnico en una materia tan específica como el seguimiento y control de redes sociales, ha confundido Gobierno con Estado”, señala un alto mando de la Guardia Civil, en referencia a lo escrito por el general en su instrucción. “Y luego ese error inicial le ha arrastrado a un error mayor al tratar de explicarlo en una rueda de prensa, para la que tampoco está preparado”, añade. “Esto es la consecuencia lógica de la adopción por parte del Gobierno de una política de comunicación aparentemente transparente, con ruedas de prensa diarias, pero en las que se coloca en la palestra a unos uniformados para aparentar mayor credibilidad e inundar de información irrelevante a los ciudadanos y a los medios para agotarles por desbordamiento”, concluye.

La instrucción interna se refiere a la intención de elaborar un informe global de ciberdelincuencia, que incluye desde estafas de material sanitario, hasta pedofilia, pasando por campañas de desinformación. El documento tiene como finalidad su presentación al ministro del Interior. Y el objetivo, según las explicaciones del general, sería “informar a la ciudadanía para rebajar el estrés” que ciertas informaciones falsas pudieran ocasionar.

“Nosotros solo los detectamos, los analizamos y buscamos conexiones entre ellos para detectar campañas y narrativas, especialmente si vienen de fuera (rusos, etc); en Cataluña hubo varios ataques en este sentido, que solo buscaban desestabilizar, no es delito casi nunca”, señala un alto responsable de inteligencia del instituto armado, que reconoce que la mayoría se lanzan desde servidores ubicados en países que no responden con facilidad a las requisitorias de otras autoridades.

La directriz se produce en un contexto en el que la Fiscalía investiga si existe un grupo criminal detrás de la campaña de bulos y las falsas informaciones contra el Gobierno sobre el coronavirus, tras una denuncia de Unidas Podemos de un supuesto ataque organizado.

Los trabajos de detección de bulos son tarea constante de las fuerzas y cuerpos de seguridad. El dispositivo organizado ahora por Interior para hacerles frente es “similar” al que se montó para combatir los ciberbulos y los ataques informáticos en las dos últimas campañas electorales, las del 28 de abril y el 10 de noviembre del año pasado. Entonces, la Secretaría de Estado de Seguridad elaboró un protocolo que seguía las recomendaciones de la UE y en el que se hacía hincapié en las medidas a aplicar cuando se detectase una posible campaña de desinformación. El objetivo era contrarrestar la información falsa que buscase cambiar el sentido del voto o perjudicar a algún partido. En ese caso, los expertos de Interior debían informar del incidente “a la mayor brevedad para su oportuna valoración y para la toma de decisiones correspondientes” al Departamento de Seguridad Nacional (DSN), parte de la estructura de Presidencia. En mayo de 2018 el Gobierno decidió encomendarle al Consejo Nacional de Ciberseguridad,creado en 2013, la misión de detectar y contrarrestar las “campañas de desinformación”, incluidas por primera vez como amenaza en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2017.

Desde que comenzó la crisis sanitaria se han detectado más de un millar de bulos y campañas de desinformación (200 relacionados con el ámbito sanitario) , según datos de Interior.

La oposición sigue pidiendo explicaciones políticas. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha calificado esta instrucción este martes de “ilegalidad” y una función que no corresponde a la Guardia Civil. El líder de su partido, Pablo Casado, exigió el lunes que el Gobierno dé explicaciones en el Parlamento. Vox ha interpuesto una querella en el juzgado de guardia para "esclarecer si esas instrucciones son reales y, en su caso, quién las ha dado”, algo que parece haberse aclarado este martes.