Del Hotel Piojos a habitación con jardín en un monasterio

Los 30 albaneses estaban en situación de alarma desde enero, mucho antes de que la oficializara Pedro Sánchez. Cuando el Gobierno la declaró, a ellos les pilló alojados en lo que sarcásticamente llaman Hotel Morri, piojos en su idioma. La suciedad, la ausencia de servicios sanitarios y la escasez de paredes convertía este bloque abandonado a las afueras de Santander en un lugar infrahumano para pasar el invierno. Pero era mejor que nada. Allí han conocido que por fin el Gobierno cántabro se ocupará de ellos y los alojará en el hospedaje de un monasterio ofrecido por el obispado regional, con habitaciones dobles, baño e incluso un jardín.

Los albaneses —todos muy jóvenes, algunos con menos de 20 años— fueron llegando desde enero a Santander con el propósito de colarse en alguno de los buques que viajan desde allí al Reino Unido. Las intentonas eran vanas y aguardaban su oportunidad en este inmueble a medio construir. Hasta que estalló la crisis del coronavirus. La única ayuda que recibieron desde entonces era la espontánea que les ofrecía un vecino, Javier González, quien les proporcionaba alimentos y productos de higiene e incluso se los llevó alguna vez a su casa para que se ducharan. “Los han tratado como polizones y criminales”, denuncia González, quien llegó a recibir una multa por acercarse a ellos cuando el confinamiento ya estaba vigente. La sanción nunca se ha tramitado y González confía en que se quede en el limbo.

Miedo a la deportación

A González precisamente se dirigió la pasada semana Julio Soto, director general de Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, para buscar una salida a los inmigrantes hacinados. Hizo falta la mediación de una ONG, Nueva Vida, con dos voluntarios albaneses en sus filas, para que los jóvenes decidieran aceptar el ofrecimiento del obispado cántabro. En un principio, algunos de ellos eran renuentes a aceptarla, porque temían que fuese un primer paso para deportarlos a su país. Finalmente, el próximo lunes serán trasladados al monasterio de Soto-Iruz, a media hora de la ciudad.

Soto celebra que los inmigrantes hayan accedido a este alojamiento “espléndido, como una casita rural” y censura que su departamento haya tenido que intervenir en un asunto del que la competencia, según él, corresponde al Ayuntamiento. “Al ver que no había solución, entendimos que había que protegerlos del virus”, sostiene. En el Ayuntamiento, fuentes de la concejalía de Asuntos Sociales devuelven la acusación y aseguran que el caso era de competencia autonómica.

La ONG administrará su estancia el monasterio. Nadie sabe qué pasará con ellos cuando se acabe el confinamiento. González cree que intentarán de nuevo viajar al Reino Unido. “Mi objetivo”, explica, “es que se les trate como migrantes, con lo que implica. Dignidad para todos, respeto y no criminalización”.