Confesión en el amaño por la visita del Papa a Valencia

El papa Benedicto XVI visitó Valencia en julio de 2006 para cerrar el V Encuentro Mundial de las Familias. La organización del viaje se insertó en la política “de grandes eventos” que entonces abanderaba la Generalitat, gobernada por el PP. Se anunció la llegada de dos millones de peregrinos. Se compraron 7.000 urinarios portátiles por 2,6 millones. Se alzó un altar con microclima por un millón y medio de euros en la futurista Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Las imágenes del evento eran espectaculares. Muchas de ellas se proyectaban en pantallas gigantes dispersas por la ciudad. La televisión autonómica, Canal 9, las había contratado, junto con la megafonía, por 7,5 millones de euros a la firma de la construcción Teconsa. Se trataba de una empresa pantalla de la trama Gürtel a través de la cual se repartieron al menos 3,3 millones de euros entre los cinco cabecillas del amaño, según la Fiscalía Anticorrupción.

Pero el total de procesados por este fraude se eleva a 22, cuya responsabilidad se dilucidará en la vista oral que empieza este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), 14 años después de la vista del prelado.

Es la pieza 4 de esta macrocausa de corrupción, que el juez instructor José de la Mata mandó a juicio hace casi cuatro años por hallar indicios de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. El ministerio público pide inicialmente más de 38 años de prisión para Francisco Correa, el jefe de la Gürtel; un año menos tanto para su contable, Pablo Crespo, como para su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, alias El Bigotes; y 18 años para el “cerebro financiero” de la trama, Ramón Blanco Balín. Si bien la mayor condena solicitada, 40 años, es para el que fuera entonces director de Canal 9, Pedro García Gimeno.

La petición de penas, no obstante, podría rebajarse sustancialmente una vez se concreten los acuerdos que están negociando —y que seguirán negociando hasta el último momento— la Fiscalía y las defensas de, al menos, una decena de procesados dispuestos a pactar. Para eso, deberán confesar su participación en los hechos y su implicación en la trama, devolver el dinero (la responsabilidad civil) y tirar de la manta, es decir, apuntar al responsable político que mandó el amaño.

Por ejemplo, la petición de cárcel a Pedro García Gimeno, quien fuera hombre de confianza primero de Eduardo Zaplana y después de Francisco Camps (ambos expresidentes valencianos del PP), podría verse reducida a algo más de cinco años (seguiría entrando en prisión) si paga el medio de millón de euros de la supuesta mordida: 200.000 euros antes de 15 días, según varias fuentes judiciales.

Pero, además, todos los que quieran pactar deberán confesar los hechos durante el juicio. Así lo exigen las acusaciones particulares, representadas por el PSOE y por la Generalitat (gobernada ahora por la izquierda y personada con un abogado contratado al extinguirse Canal 9), para entrar en el acuerdo que sellen la Fiscalía y las defensas. Y así lo reiteró el pasado jueves el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig.

Hay dudas de que García Gimeno realmente tire de la manta, según fuentes de la Generalitat. Los que sí están por la labor son El Bigotes y Blanco Balín, además de algunos miembros de la mesa de contratación de Canal 9. Ni Correa ni Crespo, con los bienes embargados, entran en la negociación. Como tampoco lo ha hecho el que fuera presidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía Nacional con José María Aznar, Juan Cotino. La Fiscalía pide 11 años de cárcel al entonces consejero de Agricultura que, “pese a no ostentar cargo alguno en la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de la Familia (organizadora del evento), ni formar parte de sus competencias como conseller, impulsaba activamente y gestionaba de facto la contratación de los actos de la visita”, según señala en su escrito.

El responsable

Cotino es el principal responsable político al que se apunta en el juicio, que está previsto que se prolongue unos meses y por el que están llamados a desfilar un centenar de testigos. Uno de ellos es Francisco Camps, que era presidente de la Generalitat durante la visita del Pontífice, que apenas duró 24 horas. Camps es uno de los ocho investigados en el proceso abierto en Valencia por presuntas irregularidades detectadas en la fundación que organizó el viaje y estancias. Camps ya ha declarado que dicha fundación era de carácter privado y que sus contrataciones fueron legales.

La fundación estaba compuesta por tres instituciones entonces gobernadas por el PP —el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y la Generalitat—, además del Arzobispado de Valencia, entonces dirigido por el fallecido Agustín García Gasco, representante del ala más conservadora de la curia española.

En 2014, el último Ejecutivo popular de Alberto Fabra aún estaba liquidando deudas millonarias de la fundación. “Nunca se sabrá cuánto costó el saqueo por la visita del Papa, más allá de los 22 millones de euros del presupuesto oficial que se dio”, señalan fuentes del Departamento de Recuperación de Activos de la Generalitat. Se distribuyeron los pagos entre numerosas instituciones, muchas sin ninguna competencia en la materia, y fundaciones opacas en el rendimiento de cuentas. Se llegó a pagar 1,1 millones de euros a la cadena ultraconservadora Intereconomía solo por los derechos de emisión de una miniserie sobre Juan Pablo II. Se multiplicaron los contratos de seguridad privada, a pesar del gran despliegue de la Policía Nacional y Local. Se compraron miles de sillas que se acabaron por regalar. Los visitantes se quedaron en unos centenares de miles, muy lejos de las previsiones. Fue uno de los grandes eventos de una etapa que desde hace años juzgan los tribunales y que se celebró tan solo cinco días después del accidente del Metro de Valencia que segó la vida a 43 personas.

La “estrecha relación” con el PP

Por mucho que el PP lleve lustros intentando desvincular sus siglas de la Gürtel —“Esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP”, dijo Mariano Rajoy al estallar el escándalo—, la justicia no deja de insistir en que esta macrorred de corrupción creció y se extendió en España gracias al partido conservador. La Audiencia Nacional ya condenó en mayo de 2018 a la formación como persona jurídica por beneficiarse de este “sistema de corrupción institucional”, según la sentencia dictada tras celebrarse el juicio por una de las partes principales de la investigación, conocido como Época I. Un fallo que certificó también que los populares se financiaron con una caja b en su sede central, informa J. J. Gálvez.

Y ahora, en la vista oral que empieza este lunes, vuelve a ponerse sobre la mesa una tesis idéntica. Según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, “la red de influencias de Francisco Correa, con la que llevaba a cabo sus actividades ilícitas, se extendió a comunidades y municipios gobernados por el PP debido a la estrecha relación que tanto él como integrantes de su grupo mantenían con algunos cargos y miembros de ese partido político”.

La Fiscalía insiste: “A partir de 2003, los acusados Correa, Pablo Crespo [exsecretario de Organización del PP gallego] y Álvaro Pérez decidieron de común acuerdo extender la actividad del grupo Correa a la Comunidad Valenciana para aprovechar las posibilidades de negocio que les permitía el acceso a determinadas personas que ocupaban importantes cargos públicos y políticos de esa comunidad en el PARTIDO POPULAR [las mayúsculas son de la Fiscalía]”. Una tesis que repite el juez instructor de esta causa: “La razón para constituir una nueva sociedad en Valencia fueron las buenas perspectivas de negocio derivadas de las buenas relaciones que estas personas tenían con diversos responsables políticos del PP”.