Cuixart pide declarar inconstitucional el delito de sedición

La defensa de Jordi Cuixart ha presentado este viernes el recurso de amparo contra la sentencia del procés, pidiendo al Tribunal Constitucional que la anule y cambie el “concepto autoritario de orden público” que ha sostenido el Supremo en su fallo. La impugnación ha sido presentada en una rueda de prensa en la que se pidió que mientras el tribunal estudie el fondo del asunto, suspenda la sentencia del Supremo y deje en libertad al presidente de Òmnium Cultural. Además pide que el tribunal declare inconstitucional no ya algún aspecto del fallo, sino el propio delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas.

La comparecencia se ha desarrollado con reparto de papeles entre el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el equipo de juristas que ha elaborado el recurso. Así, Mauri habló desde una perspectiva política de “operación de Estado” para referirse a la respuesta judicial dada al procés, mientras Benet Salellas, defensor de Cuixart en el juicio, y el resto de su equipo jurídico, apelaban al Constitucional para reclamar una nueva sentencia que haga “tabula rasa” de la que dictó el Supremo, en expresión de la catedrática de Derecho Constitucional Mercé Barceló.

Ese “partir de cero” que se le reclama al Alto Tribunal pasa por cambiar de mentalidad frente al ejercicio de derechos fundamentales, como los de reunión y manifestación. La tesis del recurso es que Cuixart contribuyó a un movimiento social amplio con llamamientos a la defensa del ideario independentista por procedimientos pacíficos. La defensa del presidente de Òmnium estima que la sentencia del Supremo no debe pasar el filtro del tribunal de garantías en la medida en que no respetó tales derechos, sino que los reprimió al aplicar un artículo del Código Penal, el relativo al delito de sedición, que a juicio de Benet Salellas es “un fósil jurídico”.

Para Salellas, este recurso es una oportunidad para defender su visión de la legitimidad de la movilización y la protesta pacíficas en una sociedad democrática. Como ya se vio durante el juicio, su pugilato con la Sala Penal del Supremo en general, y con su presidente, Manuel Marchena, en particular, forma parte de un combate que no es solo un duelo entre dos cabezas jurídicas. En el nuevo pulso dialéctico que se abre ante el Constitucional, Salellas ya no se conforma con intentos parciales de atacar la sentencia, quiere que se derrumbe entera. Y por ello en el amparo se pide que el tribunal declare inconstitucional no ya algún aspecto del fallo, sino el propio delito de sedición por el que fueron condenados los líderes independentistas.

A juicio de Salellas, el delito de sedición ha sido en manos del Supremo la tenaza con la que se ha reprimido un movimiento social de base, con la que se pretende que “el independentismo deje de protestar”. A su juicio, está en juego el derecho de propiedad sobre la calle. En palabras de Mauri, se ha tratado de “castigar a Cuixart, a Òmnium y al soberanismo catalán” mediante una operación promovida de las estructuras del Estado, empezando por “la Monarquía, manchada ahora por la corrupción”. Para Salellas, un caso de “desviación de poder”.

Junto a Salellas forman parte del equipo jurídico Guillermo Portillo, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén; Mercé Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona; y Javier Mira y Albert Noguera, profesores de Penal y Constitucional en la Universitat de València, respectivamente.