Sobre las capacidades del Estado
En la gestión de la crisis sanitaria ha habido síntomas de desgobierno y excesiva complejidad en determinadas medidas
Creo que el Estado español en su conjunto es poco eficaz, lo que limita su capacidad para que las políticas públicas alcancen sus objetivos. Y esta limitación, a la que no se presta atención, resulta especialmente importante en la actual crisis. Empecemos enumerando deficiencias crónicas del Estado que se ponen de manifiesto una y otra vez, y que han aparecido en la gestión de la crisis actual.
1. Desgobierno: anunciar con gran trompetería medidas y acciones con independencia de su auténtico calado.
2. Síndrome del BOE: considerar que una medida consiste en su mera publicación en el BOE, descuidando su cumplimiento y la medición del resultado.
3. Complejidad del enunciado: los textos que contienen las medidas son confusos. Frecuentemente incluyen requisitos ex ante (no siempre claros) que tienen que cumplir los beneficiarios o afectados. Todo ello crea incertidumbre, reduce la credibilidad y excluye injustificadamente a beneficiarios de programas asistenciales. El ineficiente control burocrático ex ante domina claramente en nuestro país al más eficiente control ex post (con sanciones).
4. Cambios continuos en la formulación de las políticas, que no hacen más que crear confusión y desconfianza.
5. Escasa transparencia sobre los datos, sobre el diseño de las medidas y sobre la ejecución de los programas.
6. Déficits de gestión de los programas: se descuida por parte de los responsables políticos (¡ya está en el BOE!). Esta falta de atención y la excesiva complejidad de los enunciados propician una mala gestión.
7. Escasa o nula evaluación ex post independiente de los programas. La fiscalización que realiza el Tribunal de Cuentas no supone una evaluación.
8. Ausencia de rendición de cuentas sobre el resultado de las políticas públicas.
La respuesta a la crisis sanitaria y a la crisis de renta ocasionada por el parón económico ha adolecido de algunos de los defectos crónicos enumerados. Ha habido síntomas de desgobierno en el anuncio de los 200.000 millones que se iban a inyectar. Y ha habido excesiva complejidad tanto en las medidas para dotar de liquidez a particulares, autónomos y pymes, como en las destinadas a compensar caídas de rentas: en la concesión de moratorias en las hipotecas los requisitos son demasiado complejos y estrictos, y pocos solicitantes van a poder beneficiarse de ellas. En los aplazamientos tributarios para autónomos y pymes las disposiciones son confusas y cambiantes. También el acceso a préstamos para dotar de liquidez a las empresas está siendo tortuoso.
Esas carencias se agravan al combinarse con cambios continuos en las políticas y con déficits de gestión. Y la angustia de miles de ciudadanos no ha tenido la oportunidad de verse mitigada por la existencia de buzones ágiles. Además, se ha pasado del incumplimiento de hecho de la Ley de Transparencia a la explícita congelación de la misma.
Son los especialistas quienes deben avanzar en el planteamiento de reformas, pero me permitiría subrayar algunas: dotar de más funciones, mayor independencia y más medios a las agencias que cuidan de la transparencia; mayor profesionalización, autonomía de gestión y evaluación de los directivos públicos; la estructura de gestión debería ser más lineal, agilizándola y haciendo más clara la rendición de cuentas, y los medios digitales permitirían una comunicación directa entre los responsables de los programas y los ciudadanos afectados.
Carlos Sebastián es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid.
Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS
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