Represión china

El Gobierno chino debe poner fin inmediatamente al masivo y sofisticado sistema de represión de la minoría uigur que, con el pretexto de fomentar la “transformación ideológica” de este grupo étnico y religioso, se ha traducido en una persecución a gran escala sin parangón en el planeta.

Las pruebas conseguidas por 17 medios internacionales, entre ellos EL PAÍS, documentan la utilización por parte de China de un macrosistema de vigilancia y procesamiento de datos personales que ha permitido la creación de una estructura represiva que se inicia con la identificación de personas “sospechosas”, continúa con la detención por miles de ellas y finaliza con su internamiento, sin juicio ni garantía alguna, en campos denominados en la jerga del Partido Comunista Chino “centros de educación ideológica y entrenamiento profesional”. Más de un millón de uigures —grupo formado por 11 millones de personas, la mayoría musulmanas y situadas al oeste del país— permanecen o han pasado por estos campos. Y otros siguen siendo internados en este mismo momento. Una práctica intolerable bien avanzado el siglo XXI en la segunda potencia mundial que aspira a ampliar su área de influencia global.

Los uigures son ciudadanos chinos que están siendo tratados de forma discriminatoria por razón de su raza, religión y cultura. Se trata de una situación que viola flagrantemente las convenciones de Naciones Unidas de las que Pekín es signatario y donde goza de un puesto permanente en el Consejo de Seguridad, incluido el derecho de veto. Un sillón desde el cual, por ejemplo, Pekín vota a menudo a favor de resoluciones condenatorias por la violación de derechos humanos en diversas partes del planeta. En cambio, obvia esas mismas violaciones en su propio territorio.

Resulta particularmente inquietante que en la construcción de su sistema represivo, Pekín se esté valiendo de la tecnología más avanzada: interpretación de metadatos, seguimiento de aplicaciones de teléfonos móviles o sistemas de reconocimiento facial, entre otros. Un modelo que, una vez ensayado y perfeccionado con los uigures, es fácilmente exportable tanto al resto de la población como a cualquier otro país. No hay que olvidar que China es puntera en la investigación del 5G, la siguiente generación de transmisión de datos que va a revolucionar la vida cotidiana en todo el planeta. Las revelaciones publicadas muestran una peligrosísima utilización para las libertades individuales de las ventajas que ofrece la tecnología actual.

Antes de adoptar el sistema de internamiento masivo, Pekín ha tratado de difuminar la identidad uigur de varias maneras. Entre otras trasladando forzosamente a millones de ciudadanos chinos de la etnia han —la que tradicionalmente coincide con la imagen occidental que se tiene de los chinos— a su territorio. La medida únicamente ha servido para crear un conflicto donde antes no lo había y para reforzar la identidad uigur. Es cierto que, sin recurrir a ninguna medida violenta, China puede hacer tambalearse la economía mundial. Pero la comunidad internacional democrática está moralmente obligada a hacerle saber a Pekín que lo que está haciendo con los uigures no es tolerable en ningún caso. Y menos en un mundo globalizado en el que China pretende ser actor protagonista.