Política engañosa

Los profesionales de la publicidad tienen la capacidad de convertir la compra de un producto en una experiencia que trasciende lo puramente material. Cuando las características prometidas del citado producto no se ajustan a la realidad, o bien la relación entre el producto y la experiencia a la que su consumo va unida no está debidamente lograda, la operación se convertirá en un engaño o, peor aún, en un fraude. En ambos casos, el consumidor tomará las decisiones pertinentes para expulsar el producto de la circulación y arruinar las expectativas de sus fabricantes. ¿Pasa lo mismo en política?

La política también consiste en la búsqueda de un equilibrio, particularmente difícil, entre la gestión de una realidad y la evocación de una aspiración. Qué duda cabe que abordar los asuntos públicos exige conducirse con rigor desde el ámbito de lo factible, evitando caer en la tentación de poner todo el esfuerzo en alcanzar imposibles. La honestidad en política pasa, por tanto, por evitar ensoñaciones y recordar al ciudadano, aunque no le guste, las limitaciones que impone la realidad.

Exige también conducir las actuaciones respetando el marco jurídico vigente, adoptar las decisiones a través del sistema institucional competente y atenerse a los recursos disponibles. No todos lo que se ocupan de (y en) la política evidencian capacidad para hacerlo de manera valiente, virtuosa y útil para el interés general. Corresponderá a los ciudadanos, en todo caso, hacer la pertinente evaluación en cada una de las citas electorales. En 2019 no nos faltarán oportunidades.

Sin restarle importancia a esta manera de ejercer la responsabilidad pública, también resulta oportuno reivindicar algo más a quienes quieran hacer política. La política de calidad no debería renunciar nunca a proyectar un fuerte contenido aspiracional. La política, no lo olvidemos, es el instrumento al alcance de las sociedades democráticas para alcanzar horizontes más esperanzadores en clave de igualdad y libertad. Esta dimensión de la política incorpora el riesgo, si no se administra con profunda responsabilidad, de convocar a la ciudadanía a proyectos fraudulentos con futuros imposibles que podrían arrojar resultados ruinosos para aquellas sociedades confiadas que los sufrirían. Por todo ello, quienes aspiran a asumir responsabilidades políticas deben dar pruebas de una solvencia indiscutible para combinar con acierto la gestión ordinaria de los asuntos públicos con la definición de legítimas pretensiones de futuro, máxime si tales pretensiones desbordan los horizontes jurídicos, institucionales o económicos presentes.

En este contexto, no podemos ignorar la responsabilidad que asumimos los ciudadanos a la hora de ponderar la solvencia de todo aquello que proponen quienes aspiran a obtener nuestro voto y ocuparse de la res publica. Nos compete en exclusiva discernir con acierto entre los proyectos de calidad y aquellos otros que son, como ocurre con alguna publicidad, política engañosa.