Los riesgos y escollos de un periodista

Los medios de comunicación deben garantizar la transparencia y rendición de cuentas de los Gobiernos y contar la realidad social tal y como es. Sin embargo, los periodistas se topan con graves dificultades a la hora de realizar su trabajo en muchos países, bien por la censura incoada desde los poderes públicos, bien porque sus vidas se ven amenazadas por grupos criminales. Los periodistas de EL PAÍS no son ajenos a estos supuestos. Este jueves, Día Mundial de Libertad de Prensa, Pilar Bonet, corresponsal en Moscú, y Pablo Ferri, periodista en la delegación de México, relatan las dificultades de trabajar en estas regiones.

México fue, en 2017, el segundo país más mortífero del mundo para los periodistas, según Reporteros sin Fronteras: 11 informadores perdieron la vida. “Del más de medio centenar de periodistas mexicanos que he conocido trabajando en los estados, no conozco a uno que no haya sido amenazado, presionado o amedrentado”, apunta Ferri, que añade que la libertad de prensa “es un concepto tan extraño a la clase política mexicana, como la reflexión a las redes sociales”. Desde la capital mexicana reconoce que la presión es más sutil y que donde más se percibe es en otros estados, como Guerrero o Sinaloa; sin embargo, generaliza la afirmación de que el periodismo en México “está atrapado entre el capricho de la clase política y el fuego de los grupos criminales”.

El periodista asevera que no hay informador en el país que no sepa lo que es el chayote, el soborno, pues “políticos locales fidelizan voluntades a base de dinero con más o menos descaro” y los medios de comunicación surgen y desaparecen según el interés de los candidatos y gobernantes. La profesión está muy mal pagada, con lo que ese soborno se convierte en muchos casos en “el principal sustento” de los trabajadores. “El periodista se convierte así en un mercenario, ajeno a la misión de informar, incapacitado para el ejercicio crítico”, valora el redactor. 

Las regiones que están dominadas por grupos criminales, que se sirven de cultivos de amapolas, marihuana u otro tipo de recursos naturales, “marcan la línea editorial de los medios”, según denuncia Ferri. La búsqueda de información y fuentes se convierte en un trabajo dificultoso, pues el miedo de la población a molestar a estos delincuentes provoca la autocensura, “que no es otra cosa que la normalización del miedo”, señala.

La impunidad con la que actúan políticos corruptos y grupos criminales se ampara en el estado de paralización de la justicia mexicana, que funciona “a duras penas”, según Ferri. Incide en que “el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación ha demostrado reiteradamente su inutilidad”, pues “no tienen medios, ni capacidad para proteger a todos los periodistas amenazados del país”.

Pilar Bonet se enfrena en Moscú a “la cerrazón o la mentira de las entidades oficiales a la hora de confirmar informaciones sensibles que no son del agrado de la administración”. Habla de la presencia del país en el Este de Ucrania o de conocer el número de víctimas en los ataques que se producen en Siria.

Aunque el país vivió una etapa de apertura en todos los ámbitos durante el gobierno de Mijaíl Gorbachov, el control sobre la información se ha ido intensificando desde la llegada de Vladímir Putin al poder. La corresponsal explica que se manifiesta en múltiples campos, “sobre todo en las televisiones que machacan las versiones oficiales y construyen ‘realidades virtuales’ en torno a la versión de los hechos que conviene a la dirección del país”. Las informaciones negativas sobre el país son silenciadas y se construye una imagen peyorativa de occidente. “Esta tendencia se hizo especialmente evidente y agresiva a partir de 2013, cuando incluso se llegó a pasar una serie en el primer canal de televisión sobre la decadencia y las lacras de Europa: emigración, drogas, prostitución, crimen, desempleo, etcétera”, ejemplifica.

Esta labor consigue la evangelización de la sociedad rusa, “el arraigo en la cabeza de la gente de los estereotipos oficiales sobre la interpretación del mundo y de las razones y elementos de distintos conflictos en él”, según valora Bonet, lo que le parece “el mayor peligro” de la falta de la libertad de prensa.

Además de sesgar la realidad, el gobierno ruso ataca por otro frente a los periodistas. Los trabajadores cuentan con una acreditación que debe ser renovada cada año, con el peligro de que sea rescindida si las autoridades así lo consideran. La legislación de la prensa rusa es, en principio, progresista, pero Bonet explica que en algunos aspectos se ha quedado anticuada, pues data de los años 90 y no se ha actualizado ante el desarrollo de los medios electrónicos. Además, se han añadido algunas restricciones, algunas tan simples como no decir tacos, pero su incumplimiento conlleva una advertencia. A las tres, el medio de comunicación puede ser castigado e incluso cerrado.

Bonet afirma que no se ha sentido “censurada ni amenazada”, pero concede que tiene “una percepción basada en la experiencia de hasta donde se puede llegar en temas sensibles y los riesgos que puede comportar el traspasar las líneas rojas que existen, aunque no estén escritas en ninguna parte”.

EL PAÍS se une con este artículo a la celebración de la conferencia del Día Mundial de la Libertad de Prensa de la UNESCO.