Cataluña no se para
Con el 155 el constitucionalismo debe suplir la parálisis secesionista
Al tiempo que Carles Puigdemont y su círculo van perdiendo todo resto de capacidad cognitiva, sus socios de Esquerra pisan más la dura realidad. Y procuran evitar males como la multiplicación de los encarcelamientos por rebelión o desobediencia, por ejemplo al presidente del Parlament, Roger Torrent. Este cortocircuitó ayer la juerga retórica de los de Bruselas abortando otra investidura de ficción del fugitivo mediante el cambio (también ilegal) de la Ley de Presidencia.
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Con esta pirueta, el férreo control de TV-3 y otros malabarismos, el independentismo se muestra cada día más cuarteado. Pero al tiempo controla la agenda, monopoliza la iniciativa y ocupa todo el espacio público en Cataluña. A costa, claro, de conducir la política a la parálisis y prolongar sin fin la intervención de la Generalitat por el Gobierno central. Los hechos, y no los discursos, revelan que los partidarios más fanáticos del 155 son los secesionistas: les ahorra responsabilidades y alimenta sus desvaríos, lamentos y falsos agravios... mientras siguen cobrando del erario.
Pero que hayan paralizado la Generalitat no implica que Cataluña deba sufrirlo, se resigne a dar por irrecuperable el tiempo perdido y a dilapidar su dinamismo, como resaltan los empresarios. El Gobierno y las fuerzas sensatas deben asumir la iniciativa, partiendo de que la etapa transitoria de intervención ha servido, correcta y honestamente a los catalanes, a excepción del brutalismo de TV-3. Esa exigencia se enfatiza para el primer partido, Ciudadanos, y su líder Inés Arrimadas, que debe ejercer mayor influencia, incluso aunque no sea planteando su candidatura a presidenta.
Las fuerzas constitucionalistas deben ser imaginativas y lanzar propuestas. Para evitar que los vacíos acaben convirtiéndose en agujeros. Porque el principio de subsidiariedad no solo actúa en favor de la Administración de menor rango, sino también de la que pueda ejercer una tarea de forma más eficiente. Porque el poder democrático se legitima con su ejercicio legal, y también por los resultados que cosecha.
Un único ministro del Gobierno, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, ha ejemplarizado cómo esto puede llevarse a cabo: su propuesta de incorporar el aeródromo de Girona como terminal transcontinental del aeropuerto del Prat, y su plan financiero a ocho años vista es clave. Debe beneficiar a los catalanes, dinamizar la economía, reforzar la complicidad catalano-española y contrarrestar el monopolio del discurso tedioso y catastrofista dominante.
El Gobierno gobierna hoy Cataluña: que la gobierne en efecto, con el respaldo de Ciudadanos. ¿No quiere el independentismo prolongar el 155? Prolónguese tomando decisiones. Nada impide alumbrar planes para infraestructuras pendientes (cercanías ferroviarias, carreteras, corredor mediterráneo), abarcando distintos niveles de gobernanza, y otros asuntos de interés.
Conviene involucrar a partidos y expertos de distinto ámbito. No hay que esperar a que el Parlament despierte de las pesadillas y añagazas de su sector más enrocado. Los partidos pueden actuar en grupos de trabajo, plataformas variadas y con propuestas alternativas. Y demostrar que si el separatismo rechaza el autogobierno por el cauce autonómico, hay otros dispuestos a asumir esa vacante. Nadie es imprescindible.
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