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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El reto de Argentina

La sociedad debe percibir de forma clara el combate contra la corrupción

El presidente Mauricio Macri (centro), con el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli (izquierda) y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
El presidente Mauricio Macri (centro), con el vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli (izquierda) y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.EFE

Aunque el presidente Mauricio Macri haya subrayado su compromiso inequívoco para terminar con la corrupción en Argentina, es fundamental que los ciudadanos también perciban que se está venciendo en este combate contra un mal que lleva demasiado tiempo atenazando a un gran país.

Es cierto que a veces los resultados tardan en reflejarse en la vida cotidiana pero hasta entonces no basta solamente con las estadísticas favorables. Y es indudable que la Administración Macri se ha enfrentado a situaciones prácticamente de emergencia con una claridad y fuerza incuestionables —fundamentalmente en la economía—, pero los argentinos deben ver que sucede lo mismo con la corrupción. La sociedad tiene que notar que, por un lado, las investigaciones avanzan, mientras que por otro se adoptan medidas realistas y eficaces para combatir esta lacra a todos los niveles.

Argentina debe aportar su parte para aclarar el escándalo Odebrecht, que desde Brasil se ha extendido —por ahora— al resto del continente, y que está poniendo a prueba los sistemas judiciales de varios países. Así, la justicia argentina debe actuar sin cortapisa alguna, y sus funcionarios tienen que ejercer su labor completamente al margen del juego político, algo que desgraciadamente no ha sucedido siempre en el pasado. El caso Odebrecht constituye una piedra de toque por la que se va a confirmar que el país sudamericano ha entrado en la vía de sacudirse una etiqueta que en años pasados le ha causado un gran perjuicio.

Medidas como la adoptada con la policía de Buenos Aires, donde unos 4.700 efectivos han sido apartados, otros 390 detenidos y su exjefe procesado, constituyen un paso sin duda positivo, pero tal vez insuficiente si no se atajan desde su origen las condiciones que han hecho enraizar prácticas que deben ser desterradas para siempre del paisaje argentino.

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