Hora de España

En nuestra historia contemporánea, las crisis de régimen han venido precedidas de períodos en que al malgobierno se sumó un profundo desprestigio de los gobernantes ante la opinión pública. Tal fue el caso en 1808, con unos monarcas y un valido vistos como paradigma del despotismo y de la inmoralidad; en 1931, con otro monarca, frívolo y militarista de guardarropía, responsable de la dictadura, y en 1975, al morir Franco.

La historia se repite hoy, con el agravante de que lo que se encuentra en juego no es el régimen, sino la supervivencia del Estado. Lo ha puesto de relieve Puigdemont, al hacer el llamamiento a la Diada. El vacío de gobierno que vive España desde diciembre, el desplome en la apreciación de las instituciones estatales, el lastre de la corrupción, configuran una inmejorable estructura de oportunidad política para llegar pronto a la independencia, aunque sea en medio del propio caos.

Ante este reto, la situación política española se encuentra encerrada en un círculo vicioso. Necesita tener un Gobierno sólido, pero a la vista del “yo sigo” de Rajoy, dada su total cerrazón ante el tema, una actuación positiva suya resulta impensable, y frente a él, no solo por fallar los números, sino por el grado cero de la ideación exhibido desde junio, tampoco hay nada. Sánchez se entretiene en una inútil cuenta de la vieja, y sobre nuestro principal problema, a pesar de que dispone del recurso de una solución federal razonable, ni palabra. Al fallarle su alianza con Ciudadanos, se ha sumido en la nulidad. Y Rivera, por sí solo, poco puede hacer.

Podemos sí que ha hecho, y mucho, para agravar el riesgo de fractura. Ha sabido utilizar en beneficio propio la confusión entre independentismo y autodeterminación. Es conocida en todas las encuestas la diferencia entre ambas opciones: un 30% de independentismo corresponde a un 75% u 80% de partidarios de la autodeterminación, la cual resulta de hecho un cajón de sastre en cuyo interior conviven independentistas y quienes la ven desde distintos ángulos, dentro o fuera de la Constitución, como exigencia democrática. Así, con el plus de disfrazar autodeterminación de “derecho a decidir”, el objetivo independentista queda encubierto y se maximiza la captación de indecisos hacia el mismo, en tanto que los propios independentistas resultan amputados de sus componentes menos radicales.

Con el plus de disfrazar autodeterminación de “derecho a decidir”, el objetivo independentista queda encubierto

Por añadidura, este oportunismo de mercado desemboca en un planteamiento demagógico, que a su vez lleva al suicidio del Estado constitucional. La verdad sagrada sería que solo el reconocimiento del “derecho a decidir” para todos sus componentes es democrático. Falso, ante todo porque el ejercicio de la autodeterminación requiere la presunción fundada de aprobación por parte de quien lo va a ejercer. Y esto puede medirse acudiendo a resultados electorales y a encuestas fiables. En este sentido, proponer, como Ada Colau y los propagandistas de Podemos, que todos los componentes actuales de España se autodeterminen, para luego volver a reunirse los que quieran, es algo que puede solo verse como un delirio de destrucción, ya que en Galicia o Valencia puede haber nacionalistas “de gran intensidad”, pero son solo clara minoría. Si el objetivo es destruir España, vale, pero resulta antidemocrático, porque tal cosa sería el desmantelamiento de un Estado de derecho.

El ejemplo está ahí. Al inicio de la década un 20% de catalanes era independentista. ¿Qué ha sucedido? El dontancredismo de Rajoy cuenta, pero no ha existido persecución alguna de un autogobierno desde el cual se lleva a cabo, no una “desconexión”, sino un proceso de sedición. Lo ocurrido desde 2012 es un ejemplo de cómo la Generalitat ejerce un monopolio de poder sobre la sociedad catalana, donde únicamente resulta lícita la opción secesionista. Ello hubiera sido lógico para CiU y ERC; ha vulnerado las reglas de la democracia al tener lugar desde un Gobierno autónomo y constitucional, con una proyección forzosa, de signo homogeneizador, totalista, en la sociedad. Los catalanes constitucionalistas no son ciudadanos, sino un obstáculo. Conviene tenerlo en cuenta.

En fin, plurinacionalidad no es balcanización. Una España plurinacional, como nación de naciones, en que hasta ahora los ciudadanos asumieron dobles identidades (catalanes y españoles, vascos y españoles), debe encontrar la solución democrática en un Estado federal, donde incluso sea regulado un eventual ejercicio de la autodeterminación, cuando una mayoría consolidada de independentismo lo exija. Otra cosa es atrincherarse tras un muro o propiciar la voladura de España.

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.