La ciudadanía y los concursos de arquitectura

* Por Javier Fraga

Los concursos de arquitectura y de urbanismo acostumbran a ser recibidos entre los profesionales como una invitación a la investigación y a la reflexión sobre el modelo de ciudad. En palabras de Joan Roig i Duran (Batlle & Roig Arquitectes): “El concurso es una oportunidad para una investigación muy limpia”. Igualmente, estos procesos pueden convertirse en plataformas privilegiadas para divulgar el papel de la arquitectura en la sociedad, y compartir de manera didáctica su capacidad para mejorar las condiciones de nuestro entorno. En este tipo de concursos los equipos participantes presentan sus propuesta de modo anónimo y un jurado elige la que a su juicio es mejor, basándose exclusivamente en la calidad arquitectónica . La administración pública, por tanto, se erige como impulsora del procedimiento; el jurado como órgano evaluador que juzga la calidad técnica de los trabajos presentados y los arquitectos, o los equipos en los que se constituyan, como autores de las diferentes propuestas.

Recientemente se ha terminado el proceso participativo FIRAL VIU, que establece las bases del concurso para la transformación urbanística del Firal de Olot, la capital de La Garrotxa (de unos treinta mil habitantes) conocida por sus volcanes y sus embutidos. A raíz de esta experiencia se exponen algunas reflexiones acerca de la relación que puede existir entre la ciudadanía y el diseño de estos concursos (la pregunta), su desarrollo (la reflexión) y su resolución (la respuesta).

LA CIUDADANÍA Y LA PREGUNTA (sobre la redacción de las bases)

Podemos equiparar la redacción de las bases del concurso a la formulación de la pregunta a la que después responderán los profesionales con sus propuestas. Pero esto no tiene por qué significar definir únicamente el programa de necesidades funcionales. La elaboración del pliego de condiciones puede convertirse en un proceso conjunto de reflexión para trazar unas pautas urbanísticas y sociales compartidas, a partir del debate entre administración, profesionales y ciudadanía, que permita recapacitar sobre construcción de la ciudad y su papel en la mejora de la cohesión social.

Es por eso que hay que plantear esta fase como un espacio de construcción colectiva de criterios urbanísticos, surgidos de la deliberación ciudadana y enmarcados por la voluntad política y la viabilidad técnica.

El primer paso debe ser la identificación de actores y de los grupos de interés (vecinos y colectivos que utilizan de manera asidua el espacio, comerciantes y restauradores, asociaciones y entidades sociales). Mediante las adecuadas técnicas de dinamización (bien en talleres de trabajo, actividades en el espacio público o con herramientas digitales ), se visibilizan los puntos de vista y necesidades compartidas entre los miembros de cada grupo, como primer paso de un proceso de reconocimiento de la diversidad para la toma de decisiones colectivas.

La habilitación de espacios de deliberación permitirá, en una segunda fase, la confrontación estructurada de los intereses anteriormente identificados. De esta manera se permite pasar de una multitud de puntos de partida individuales (que recogen necesidades y visiones parciales), a una exploración de los puntos comunes que permita la constitución de principios de actuación compartidos y someta al “bien común” las legítimas necesidades particulares.

Es muy importante contar en estos espacios con el suficiente acompañamiento técnico para reforzar la capacidad pedagógica y transformadora de todo el proceso. Este papel servirá para enmarcar con argumentos referidos a la viabilidad técnica y económica lo que de otro modo puede entenderse sólo como una opinión o un anhelo, y determinar de ese modo criterios que sean socialmente compartidos y técnicamente factibles.

En el caso del Firal de Olot, además de establecer los criterios para su remodelación como consecuencia de este proceso se constituirá una Mesa de Trabajo para determinar aspectos normativos y otras políticas para su revitalización.

Debate entre las distintas entidades de Olot. Imagen cedida por Raons Públiques.

LA CIUDADANÍA Y LA REFLEXIÓN (sobre el desarrollo del procedimiento)

Se debe buscar una forma de involucrar a la ciudadanía a lo largo del desarrollo de todo el procedimiento, lo suficientemente extenso y complejo como para dificultar su monitoreo por la mayoría de la población. Esto permite fomentar la co-responsabilidad respecto a los asuntos públicos, al tiempo que facilita mecanismos que profundizan en la calidad democrática de nuestro sistema.

En el caso al que hacemos referencia, se constituyó un grupo impulsor (compuesto por una decena de participantes en el proceso) que tenía como función el acompañamiento en la definición de las actividades para la redacción de las bases del concurso. Una vez definidos los criterios urbanísticos a partir de los cuales redactar dichas bases, este grupo pasa a asumir las tareas de seguimiento del resto de fases del concurso (convocatoria, recepción y selección de propuestas, publicidad, etc,) acudiendo, con voz pero sin voto, a las diferentes sesiones del procedimiento.

LA CIUDADANÍA Y LA RESPUESTA (sobre la incidencia en el resultado)

De acuerdo a la propia naturaleza de estos concursos, la responsabilidad a la hora de valorar las diferentes alternativas y juzgar la que responde de manera más apropiada a los requisitos condensados en las bases ha de recaer en el jurado. Y de su composición y compromiso depende en buena medida la calidad del resultado del proceso, como manifiesta el Catedrático de Proyectos de la Universidad Politécnica de Madrid, Manuel de las Casas: "Para que un concurso sea realmente interesante a nivel de arquitectura, un buen jurado es por lo menos tan importante como los buenos concursantes".

El papel que puede jugar la ciudadanía a la hora de la selección de la propuesta ganadora del concurso es una cuestión compleja y que admite aproximaciones muy diversas. Para algunos autores, no tiene cabida en este punto del procedimiento ya que la implicación ciudadana en las fases anteriores ya garantiza el necesario protagonismo de los habitantes: "la participación ciudadana es básica, pero no en la elección del producto sino en la elaboración del programa que este producto tiene que resolver", (Joan Roig).

Compartiendo el sentido de esta reflexión, y reafirmando el papel central del jurado, en el concurso para la remodelación del Firal de Olot las tres propuestas seleccionadas como finalistas por el jurado serán sometidas a una votación popular, tras la correspondiente explicación y exposición pública. El resultado se incorpora como criterio de selección que complementa la valoración técnica del jurado a la hora de determinar el proyecto ganador.

CONCLUSIONES:

Convertir estos procesos en un espacio de empoderamiento social a través de la implicación directa de la ciudadanía en sus diferentes fases es el verdadero reto ante el cual se enfrentan los concursos de arquitectura y urbanismo hoy en día. Destacamos, a raíz de lo expuesto anteriormente, las siguientes reflexiones:

• Involucrar a la ciudadanía en la redacción del programa funcional permite identificar las necesidades de manera más exhaustiva y reconociendo la diversidad de usuarios.
• Generar espacios de seguimiento del proceso favorece la co-responsabilidad, la apropiación ciudadana y la transparencia administrativa.
• Se puede incorporar a la ciudadanía de manera activa en la resolución del concurso, sin socavar por ello la responsabilidad y legitimidad del jurado.
• Abordar los concursos como un espacio de encuentro y aprendizaje mutuo entre profesionales, administración y ciudadania permite potenciar la reflexión compartida sobre la ciudad.

Javier Fraga (Santiago de Compostela, 1982) es arquitecto y urbanista miembro de Raons Públiques, una cooperativa de urbanismo especializada en participación para la construcción de la ciudad.