Brasil: no a la pizza

¿Quién no ha ido alguna vez con amigos a cenar a una pizzería? Salvo en ambientes muy elegantes, esta clase de restaurantes invita a comer mucho y sin cubiertos, de forma que hasta los grupos más estirados terminan la velada en un espíritu de informalidad y camaradería. Por eso en Brasil se dice que los escándalos de corrupción desactivados por un contubernio político “acaban en pizza”: alrededor de la mesa, los rivales políticos se ensucian las manos y hacen las paces. El único perjudicado es el ciudadano, que ve cómo los que les gobiernan salen impunes de sus fechorías.

La más que probable destitución de la presidenta Dilma Rousseff no cerrará los casos de corrupción que minan el sistema de partidos, aunque la tumultuosa y hasta cierto punto ridícula sesión de la Cámara de Diputados que la promovió parecía darlo a entender así. Por el contrario, la crisis se ha precipitado en el momento en el que las investigaciones del caso Lava Jato estaban apuntando a los más altos escalones de los principales partidos, no solo el PT de Rousseff, sino el PMDB del vicepresidente Temer e, incluso, el PSDB del candidato opositor en las pasadas elecciones, Aécio Neves.

Ante esta situación, preocupan las maniobras en el Consejo de Ética de la Cámara baja para salvar a su presidente y principal articulador del juicio a Rousseff, Eduardo Cunha, al que las investigaciones de Lava Jato y las denuncias de delatores colocan en una posición comprometida. Cunha está siendo juzgado tras haber mentido a la Cámara: negó tener cuentas en el extranjero que, más tarde, fueron descubiertas por el juez Sérgio Moro. Si fuese condenado por el Consejo, perdería su fuero y pasaría a los tribunales ordinarios. No obstante, cabe la posibilidad de que la oposición, en agradecimiento por la destitución de la presidenta, logre articular una mayoría que salve a Cunha negando el desafuero.

Una maniobra así no solo dañaría mortalmente cualquier autoridad moral que la oposición a Rousseff pueda tener en el combate contra la corrupción (autoridad ya de por sí no precisamente sólida), sino que abriría la puerta a algo más siniestro: el potencial de una intervención más activa por parte del nuevo Ejecutivo para desactivar las investigaciones abiertas.

Para muchos brasileños, que salieron a las calles hartos de la podredumbre, sería la enésima decepción. Más decepcionante aún sería para la imagen internacional del país. En medio de una gravísima crisis económica, lo único que Brasil puede aún sacar de los escándalos de corrupción es la imagen de un país en el que la fiscalía y los jueces pueden meter mano en una maraña que llega hasta el palacio presidencial; algo inconcebible hasta hace unos años y que distingue claramente a Brasil de otros países emergentes en los que el Poder Judicial es títere del Ejecutivo. En un mundo en el que el capital extranjero es tan importante, cualquier acto que refuerce el Estado de derecho dará garantías a los inversores internacionales; y al contrario, todo lo que lo debilite será decepcionante. Si Brasil quiere sacar algo positivo de esta debacle, la sociedad no puede permitir que, una vez más, en Brasilia se cene pizza.