Un dilema para Francia

La dimisión de la ministra de Justicia francesa, Christiane Taubira, muestra el dilema en el que se encuentra inmersa Francia —y toda Europa— a la hora de combatir el terrorismo yihadista. Taubira se ha marchado del Gobierno en desacuerdo con la entrada en el Parlamento de una reforma constitucional que permitirá desposeer de la nacionalidad a aquellas personas con doble ciudadanía que sean culpables de delitos de terrorismo. Una medida anunciada el pasado 16 de noviembre —días después de los sangrientos atentados de París— por el presidente, François Hollande.

En el cada vez más complicado equilibrio entre libertad y seguridad, la propuesta —considerada simbólica— representa un punto de inflexión en la discusión sobre los derechos que amparan a los ciudadanos y sus obligaciones. La polémica sobre la reforma ya en trámite incluye otras medidas controvertidas que la Administración está adoptando con el apoyo de un poder legislativo alarmado ante la virulencia del yihadismo en su propio territorio. Un elenco legal que pone a prueba a un país hasta ahora reconocido en todo el mundo por ser tierra de asilo.

El miércoles se aprobó una prórroga de tres meses para el estado de emergencia; una situación que permite, por ejemplo, registros y arrestos domiciliarios sin orden judicial previa. Es una medida excepcional, pero que puede tener efectos muy nocivos, si se prolonga, en el normal funcionamiento del sistema judicial. También sigue en vigor la ley que permite la vigilancia masiva de la población, otra medida justificada por la amenaza yihadista pero ajena a un sistema en el que los ciudadanos son inocentes, y no sospechosos, hasta que no se demuestre lo contrario.

Soportar el terrorismo es una dura prueba para cualquier democracia. Francia la está experimentando. Encontrar el equilibrio entre seguridad y libertades es, como en democracias similares, el objetivo.