La última causa de la duquesa roja

En vida Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura (Estoril, 1936-Sanlúcar, 2008), duquesa de Medina Sidonia y varios títulos más, rompió reglas y roles sin miramientos. Una noble que se jugó el tipo en 1966 acompañando a los vecinos de Palomares, casi secuestrados por la dictadura en su territorio tras la caída de cuatro bombas nucleares estadounidenses. Una madre que perdió la tutela de sus tres hijos al separarse y que no supo —o no pudo o no quiso-—recuperar sus afectos excepto en periodos excepcionales como los días de su encarcelamiento por activismo político. Una mujer que se casó con el jinete más atractivo del circuito, que se separó en tiempos de matrimonios hasta la muerte, que se manifestó cuando estaba prohibido, que fue a la cárcel y al exilio donde frecuentó a etarras, que dilapidó en sus causas dineros y bienes, que se entregó a la historia documental con pasión de neófita, que se enamoró de la testigo de boda de su hijo mayor y que se casó con ella 12 horas antes de morir. El mundo por montera. “Valiente y lúcida”, dijo de ella el escritor Juan Goytisolo. “Una mala persona”, sentenció Gabriel, su hijo menor.

Lo que en vida no se arregló, se hizo añicos tras su muerte. Sorpresas incluidas. Las albaceas, Carmen Olías y Urquiola de Palacio (hermana de las exministras Ana y Loyola de Palacio), estrechas amigas de la popular duquesa roja, proporcionaron a los descendientes una inesperada munición para ir a juicio al poner en duda la validez de las donaciones excluidas del reparto de la herencia. En consecuencia, en 2012, cuatro años después del fallecimiento, sus tres hijos (que en el pasado litigaron entre sí) presentaron el mismo día demandas individuales para anular las donaciones realizadas por Luisa Isabel Álvarez de Toledo a la Fundación Casa de Medina Sidonia, a su viuda Lilianne Dahlmann y al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). El pasado miércoles se vieron las caras en el primer día del juicio, que está previsto que termine el 30 de octubre. Aunque gane quien gane, la batalla legal se prevé más larga.

Si la letra del testamento firmado por la duquesa en 2000 se ajusta a la ley (un tercio para sus tres hijos, un tercio de libre disposición para su viuda y un tercio de mejora para su primogénito Leoncio Alonso), los descendientes consideran que los números resultantes (495.428 euros para el mayor y 123.857 para cada uno de los dos restantes) son una burla. “Es un expolio. En Estados Unidos puedes dejarle tus bienes al perro si quieres, pero en España no puedes desheredar porque te dé la gana”, señala Javier Timerman, abogado de Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo.

Los descendientes, que recibieron 743.000 euros en el testamento, calculan que tienen derecho a 37 millones

En una de las demandas a las que ha accedido EL PAÍS se calcula que la herencia en juego supera los 57 millones de euros, ya que en ella deberían incluirse bienes donados en vida como el palacio, el archivo (a la fundación), la iglesia de la Merced (al Ayuntamiento de Sanlúcar) o unas parcelas en Atlanterra (Tarifa) compradas a medias con Lilianne Dahlmann. Con este criterio, el primogénito y actual duque de Medina Sidonia recibiría alrededor de 25 millones y sus hermanos Pilar y Gabriel, algo más de seis. “Pedimos que las donaciones se declaren inoficiosas porque se han hecho sin respetar los derechos de los herederos. Es el mismo caso que el de Camilo José Cela”, sostiene Eduardo Ferreiro, letrado de Leoncio Alonso. “No se trata de una donación. La duquesa hizo a la fundación una dotación de bienes, como el archivo, que tienen una vocación de servicio público”, argumenta José Gómez, abogado de Dahlmann en el juicio y portavoz del patronato de la fundación.

En 1990, después de que sus hijos la hubiesen llevado a los tribunales para pedirle cuentas por la herencia de su bisabuela, Julia Herrera, la duquesa creó la Fundación Casa Medina Sidonia, en la que las Administraciones públicas son mayoría (cuatro de los siete patronos), y a la que dotó con el palacio de Medina Sidonia, sus obras de arte y el archivo con sus seis millones de documentos. La tasación encargada por los descendientes atribuye al archivo, una joya para investigar la historia desde la Edad Media, un valor de 30 millones de euros. “Valorar el archivo es utópico, no tiene precio”, contrapone José Gómez.

Frente a las demandas de los hijos se han situado las Administraciones –la Junta de Andalucía está personada en el pleito- y una plataforma ciudadana, a la que se han adherido escritores como José Caballero Bonald o Almudena Grandes, que temen por el futuro del archivo y el palacio, aunque están protegidos desde 1978 como Bien de Interés Cultural. Ya entonces la familia rompía los platos en público, a la vista de las confesiones de la duquesa en la carta enviada el 11 de mayo de 1977 al director general de Patrimonio Artístico Nacional: “Como la fortuna familiar no es importante ni mis hijos parecen inclinados a sacrificarse por conservar este patrimonio artístico, aunque sí a disfrutarlo, transformando el cuadro y el documento en ‘bien vendible’ que pueda proporcionarles comodidades y bienestar, quisiera pedirle que con el fin de evitar nuevas pérdidas de lo que nos pertenece a todos, lo declarase con cuanto contienen para que nada de lo que hay, ni de lo que aún pueda aportar, salga del edificio, monumento o conjunto histórico artístico”.