¡Una amenaza para las libertades!

En noviembre de 2013, la Comisión europea publicó su proyecto de directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas. Este proyecto, cuyo examen se iniciará en el Parlamento europeo en el próximo mes de mayo, amenaza los derechos fundamentales y concede una preferencia a los beneficios de las multinacionales con respecto a los intereses sociales, medioambientales y democráticos.

El objetivo declarado de la directiva es producir una definición común del concepto de secreto comercial para asegurar la competitividad de las actividades europeas y de los organismos de investigación, -basado sobre el saber hacer y sobre la información no divulgada- para que sean correctamente protegidas.

Esta directiva es peligrosa por varios motivos. En primer lugar porque la definición del concepto de secreto comercial es amplia y confusa y atañe a todas las informaciones confidenciales. Por otra parte, la infracción al secreto comercial se produciría en el momento en que se obtienen estas informaciones sea cual sea la divulgación de las mismas que se realice. A pesar de que las cuestiones de esta directiva que conciernen los derechos individuales y colectivos de los trabajadores son considerables no está incluida en el marco del diálogo social europeo. Por consiguiente, ni las organizaciones sindicales, ni las ONG’s han sido consultadas sobre este asunto.

Aunque desde el principio del proceso Eurocadres, numerosas organizaciones sindicales nacionales y ONG’s expusieron reservas que no han sido escuchadas, en particular sobre la movilidad de los trabajadores, la mayor vulnerabilidad de los representantes del personal, los denunciantes o la libertad de la prensa.

La definición del concepto de secreto comercial es amplia y confusa

En la práctica esta directiva puede limitar la movilidad de los trabajadores imponiéndoles nuevas clausulas de no competencia que les impediría utilizar su saber hacer en un nuevo puesto de trabajo.

De la misma manera, en lo que respecta el ejercicio de los derechos sindicales de los representantes de los trabajadores, la obtención y revelación de “secretos comerciales” no se encuentran excluidas del ámbito de la adquisición ilegal. Las decisiones estratégicas, los proyectos de transferencia o adquisición, indemnizaciones por cese, deslocalizaciones, actividad de las filiales y de la subcontratación, utilización de las ayudas públicas…, son muchos los representantes del personal y sindicalistas valientes que comunican a los trabajadores o a la prensa estas informaciones para contrarrestar las prácticas abusivas de los accionistas. Con este proyecto de directiva los denunciantes, sindicalistas y periodistas que trabajan al servicio del interés general podrán ser ahora llevados ante la justicia.

El derecho a la libertad de expresión y de información podría verse gravemente afectado. No se prevé en el texto ninguna excepción general para proteger la acción de los periodistas de investigación, de las organizaciones de la sociedad civil o incluso de los denunciantes, cuando el trabajo de estos es indispensable en una democracia moderna dignas de ese nombre. Tampoco se inscribe ninguna excepción en cuanto a los derechos fundamentales, en particular en materia de salud o de medioambiente.

Los datos de interés general sobre la salud pública, que se consiguen habitualmente por los ensayos clínicos que organizan los laboratorios farmacéuticos, así como las cruciales informaciones relativas a la seguridad alimentaria, o la protección del medioambiente y de la salud de los consumidores con respecto a los productos químicos, también se considerarían en su totalidad como secretos y por consiguiente se sustraen a toda transparencia.

El derecho a la libertad de expresión y de información podría verse gravemente afectado

Por último, la directiva europea establece, en caso de procedimiento ante los tribunales civiles o penales, una restricción al acceso de los expedientes o a las audiencias antes, durante o después de la demanda para proteger el secreto comercial. Se trata pues de un grave cuestionamiento de la igualdad ante la ley – pues el conjunto de las partes no tiene acceso al expediente – y a la libertad de información. De todos modos la divulgación de los debates en los juicios está protegidos por la Constitución en muchos Estados miembro de la Unión Europea.

El Gobierno francés, tras haber intentado anticipar la adopción de la directiva, se ha visto obligado a retroceder frente a la movilización y a reconocer que el secreto comercial amenazaba la libertad de expresión dentro y fuera de la empresa. ¿Porqué lo que es cierto en Francia no lo va a ser en el resto de Europa? Hacemos un llamamiento a los diputados y gobiernos europeos para que revisen sus planteamientos.

Se podría considerar necesario y legítimo proteger los actores económicos frente a la competencia desleal pero sin ocultar una cantidad importante de información del debate público y para la transparencia. Rechazamos la criminalización del trabajo de los denunciantes, de los sindicalistas y de los periodistas. ¡Paremos las amenazas contra la transparencia y la democracia que están en esta directiva europea sobre los secretos comerciales!