Respetar las normas

En su conferencia de prensa del viernes pasado, Mariano Rajoy insistió en el proyecto de elección directa de los alcaldes elaborado por su partido, aunque admitió que no lo tiene “cerrado”. Ciertamente no se trata de una proposición descabellada, como dijo el presidente del Gobierno; sin embargo, el momento seleccionado para llevarlo a cabo es, cuando menos, muy poco oportuno. No se deben alterar las reglas de juego en vísperas del comienzo de una competición, sobre todo cuando el poder para hacerlo lo tiene uno de los jugadores que van a tomar parte.

Hay argumentos teóricos a favor y en contra de la elección directa de los cargos ejecutivos. Los que lo defienden señalan la proximidad a los electores y la mayor capacidad de estos para exigir la responsabilidad de aquellos. No obstante, el entramado de poderes ejecutivos en España se basa en elecciones indirectas, a partir de los representantes elegidos por los votantes en las urnas. Presentar el cambio de uno solo de esos elementos como “regeneración democrática” invita a interrogarse sobre cuál es la razón de que sea tan bueno elegir directamente al alcalde, pero no a los presidentes de las autonomías o, tal vez, al propio jefe del Gobierno.

Conviene pensar cuidadosamente las consecuencias de una reforma electoral. Facilitar la alcaldía a la minoría más votada no solo podría favorecer al PP, que efectivamente ve en riesgo parte de su poder municipal en las elecciones de 2015, sino a las fuerzas políticas bien implantadas en cada zona. Es decir, a la izquierda abertzale en el País Vasco (incluso en Navarra) o a Esquerra Republicana en Cataluña, partido este último que tendría la oportunidad de consolidar la base institucional del independentismo con un aumento de su poder municipal.

Tampoco el PSOE se ha mostrado de acuerdo con la elección directa de alcaldes. El nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, ha dicho que no lo acepta para las elecciones del año que viene. Así las cosas, Rajoy tendrá que optar entre llevar adelante el cambio solo con los votos de su partido, lo que desaconsejamos de la forma más rotunda, o tratar de consensuarlo con más fuerzas políticas, lo que parece imposible.

Toda la arquitectura electoral en España se basa en el sistema proporcional (el Senado es la excepción). Todo eso se puede cambiar hacia sistemas más parecidos a los que se aplican en Reino Unido o Francia, de carácter mayoritario: en cada distrito gana la opción o candidato que más votos tiene y los demás competidores se quedan sin representación. La coyuntura electoral parece favorable a una mayor fragmentación del voto en España y, por tanto, a que sean precisas muchas coaliciones para componer los futuros Gobiernos municipales, con el sistema vigente. Si un amplio consenso político estuviera de acuerdo en cambiarlo, la perspectiva sería otra; lo que no es aceptable es una reforma debida esencialmente al interés de un solo partido.