La estafa de la amnistía fiscal

La exigencia contenida en el artículo 31 de la Constitución española debería ser más que suficiente para rechazar la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Nuestro sistema tributario, afirma la Carta Magna, debe ser justo y basarse en los principios de igualdad y progresividad. Punto. Aquí no hay matices. Todo lo demás es vulnerar la Constitución.

Pero, además, el objetivo de hacer aflorar capitales ocultos en una situación económica difícil es sencillamente una falacia. Las grandes fortunas que defraudan al fisco están administradas por gestores entrenados en la ingeniería financiera. Es evidente que solamente harán aflorar capitales cuando les resulte rentable hacerlo, esto es, cuando les sea menos costoso que recurrir a procedimientos ilegales de blanqueo y cuando, simultáneamente, se trate de capitales con alto riesgo de ser detectados por la Hacienda pública. Esto significa que la mayor parte de los capitales que afloren serán capitales que hubiesen podido ser detectados por la Agencia Tributaria con relativa facilidad.

Esta es la razón por la que ninguna de las pasadas amnistías fiscales sirvió para lo que se decía que habría de servir. El mismo Gobierno lo reconoce implícitamente cuando afirma que a partir de 2013 se incrementarán las sanciones. Si el Gobierno confía en que la amenaza de endurecimiento futuro puede mover a descubrir capitales antes es porque cree que habrá posibilidad de detectar lo escondido. Entonces, ¿por qué no endurecer las sanciones ahora mismo e ir a por ellos? Se mire como se mire, la amnistía fiscal es una estafa.— Ricardo Rodríguez del Río.