Querella criminal contra Cotino por prevaricación en las Cortes Valencianas

NEUS CABALLER, Valencia

El supuesto procedimiento "fraudulento" en el que se amparó el presidente del Parlamento autonómico, Juan Cotino, el pasado 14 de julio, durante la elección de 19 de los 21 miembros del Consell Valencià de Cultura que tenían que haber sido elegidos, ha terminado en una querella criminal por un delito de "prevaricación" por parte del Grupo Parlamentario de Compromís ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La formación econacionalista acusa a Cotino de actuar como "un sheriff del salvaje oeste aplicando la ley como a él y al partido le convenía".

Según la querella criminal, de los 21 miembros que tenían que haber sido elegidos en la votación parlamentaria para nombrar al Consell Valencià de Cultura solo fueron elegidos 19, "debido a la renuncia por incompatibilidad de Josep Martí García (propuesto por el Grupo Socialista), y a que el candidato propuesto por Compromís, Joan Francesc Mira, únicamente recibió 45 votos y no alcanzó los dos tercios del total de diputados de las Cortes que exige la legislación".

La querella sostiene que, para la elección de los integrantes de este ente consultivo de la Generalitat Valenciana, se utilizó "un sistema de votación y escrutinio irregulares por inaplicación del artículo 178.3 del Reglamento de las Cortes a aquellas elecciones que requieren una mayoría cualificada, al permitirse abrir la lista y proclamar solo a los candidatos más votados".

Según explicó ayer en conferencia de prensa la portavoz del grupo, Mònica Oltra, y se recoge en la querella, "esta manera de votar la elección de miembros del CVC llegó a producir el anatema jurídico de proclamar solo 19 de los 21 miembros a elegir. Si en el escrutinio unos candidatos obtienen los dos tercios requeridos y otros no, entonces no deben proclamarse los candidatos que hubieren obtenido dicha mayoría, como hizo la Mesa de las Cortes".

Según Compromís, lo que procede "es la aplicación de lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento, apartados 4 al 8, que entre otras cuestiones señala que si en la primera votación no se cubrieran los puestos con los requisitos exigidos, se realizará una segunda votación entre los candidatos que no hayan alcanzado la mayoría requerida".

Oltra afirmó que, al no realizar esa segunda votación, "Juan Cotino incurrió en prevaricación por tomar una decisión injusta a sabiendas de que era injusta, porque el Reglamento de las Cortes es muy claro respecto a las sucesivas votaciones". Compromís solicita penas de multa de tres a ocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de un máximo de 10 años y que se aplique además el agravante por "discriminación por razones ideológicas" contra previsto en el Código Penal.

La diputada Mònica Oltra detalló que se dieron cuenta de que la actuación del presidente del Parlamento valenciano "puede tener también consecuencias penales", mientras el equipo jurídico de Compromís preparaba un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Compromís, añadió la diputada, ha emprendido esta acción judicial por la vía de lo penal porque no están dispuestos "a que se vulneren los derechos fundamentales de participación en los asuntos públicos, de la forma en que se hizo en ese pleno". Y recuerda que desde Compromís ya se le advirtió a Cotino, como consta en el diario de sesiones, de "la irregularidad que iba a producirse".

Esta formación argumenta en su querella que lo "más grave" de los hechos es que los representantes de los ciudadanos valencianos han sido "privados arbitrariamente de su derecho" a realizar sucesivas votaciones a fin de conseguir que todos los candidatos propuestos llegasen a obtener el quórum mínimo legalmente requerido y, en su defecto, a que se reiniciara el proceso de elección.

"La candidatura de Joan-Francesc Mira es tan legítima como las demás y, en consecuencia, su nombre debería de haber sido sometido nuevamente a votación en los términos legales, so pena de privar a tal ciudadano de las posibilidades de acceder a un cargo público, en este caso concreto, en el CVC", expone la querella.

Compromís solicita al TSJ que exija una "fianza de 5.000 euros" y, en caso de que no la prestase, pide que se acuerde el embargo de sus bienes por dicha cantidad.