El PP y Centro Liberal deniegan al alcalde de Benidorm un préstamo al ICO para pagar a proveedores
Ambas formaciones preparan una moción de censura y aseguran que hay un informe de Tesorería
El PP y el Centro Democrático Liberal (CDL) han sumado sus fuerzas para impedir que el Gobierno de Benidorm pudiera aprobar la solicitud de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 2,8 millones de euros que pretendía destinar a pagar deudas con los proveedores, algunas arrastradas desde el año 2005.
Tanto el PP como el CDL, que suman 14 concejales frente a los 11 del PSPV y ya han comenzado a negociar la presentación de una moción de censura, se opusieron con el argumento de un informe contrario del departamento de Tesorería e innumerables acusaciones de despilfarro contra el alcalde, Agustín Navarro.
El Tesorero advierte en su informe que si se hubiera aprobado el crédito ICO, "el pago del capital e intereses de la presente operación pondrá en serio riesgo la atención periódica de los gastos preferentes de personal y la amortización de capital e intereses de los préstamos, a corto y largo plazo, suscritos en la actualidad por el Ayuntamiento".
La concejal de Hacienda, Natalia Guijarro, reconoció que desde octubre de 2010 Benidorm solo puede pagar los vencimientos bancarios y las nóminas porque, en la actualidad, el Ayuntamiento todavía debe casi 80 millones de euros de los 92 que llegó a deber a los bancos en agosto de 2009, cuando aprobó un Plan de Saneamiento que ha incumplido por la caída de los ingresos.
La acumulación de facturas sin pagar a las empresas concesionarias y proveedores ha ido creciendo hasta el punto de que los 50 trabajadores de la asistencia domiciliaria están en huelga y 150 de la limpieza municipal la tienen anunciada para diciembre porque sus empresas les han dejado de pagar hasta que no cobren del Ayuntamiento.
El portavoz del PP, Toni Pérez, puso como ejemplo de derroche el desfase en el capítulo de personal de tres millones de euros solo en 2010 y el del CDL, Juan Vicente Ivorra reclamó al Gobierno local un plan con medidas estructurales severas, recortes en materia de personal y la renegociación de los contratos con los concesionarios para obtener la liquidez necesaria que permita liquidar las deudas con sus acreedores.
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