Aguirre mantiene la opacidad sobre el presupuesto sanitario
El PP votó ayer en contra de una moción socialista para que el Parlamento regional conozca la ejecución de las cuentas del Sermas.- También rechazó que los gerentes de hospital dejen de ser colocados a dedo
Como cada año, y siempre sin éxito, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid intentó ayer que saliera adelante la modificación de una ley que permitiría al Parlamento regional conocer la ejecución del presupuesto del Servicio Madrileño de Salud (Sermas). El grupo popular votó en contra de la proposición no de ley y, con su mayoría absoluta, tumbó por enésima vez la iniciativa. No se trata de cantidades menores. Cuatro de cada 10 euros del total de las cuentas regionales se quedan sin fiscalizar en la Cámara. El gasto sanitario madrileño, que ronda los 7.000 millones de euros es, por tanto, una incógnita.
Una treta legal permite al Gobierno de Esperanza Aguirre guardarse para él el desglose de las cuentas del Sermas. La naturaleza jurídica de este organismo es "ente especial de derecho público". La Ley de Hacienda actualmente vigente no obliga a presentar información de estos entes en la cuenta general de la Comunidad de Madrid, que es la que se fiscaliza en el Parlamento regional. En 1990, cuando se aprobó la ley, el Sermas ni siquiera existía. Los socialistas presentaron ayer una proposición no de ley para cambiar el artículo 123 de la Ley 9/1990 para incluir el Sermas en la cuenta general. Además del PSOE, votaron a favor también IU y UPyD.
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, aseguró que su voto a favor se debía al "puro y simple sentido común". Relató que cuando llegó a la Asamblea y le contaron que los grupos políticos no podían saber el destino final del 40% del presupuesto de la Comunidad de Madrid no se lo creó. "Pero he visto que es cierto". Si el problema está en la Ley 9/1990, "cámbiese la ley", añadió.
El Gobierno de Aguirre remite el desglose del gasto sanitario únicamente a la Intervención General y a la Cámara de Cuentas. Esta última, órgano de control del sector público de la Comunidad, ha afirmado en sus informes de fiscalización que "sería deseable" incluir los entes especiales como el Sermas entre los que deben presentar información detallada. Su último informe es de 2010 y únicamente analiza el programa de Atención Especializada de 2007 (en el que critica la falta de control sobre los hospitales concertados). Ni los políticos de la oposición ni un ciudadano a título particular pueden acceder a la información.
El grupo socialista llevó más iniciativas sanitarias al pleno de ayer, pero también sin éxito. Una moción que defendió el portavoz de Sanidad de la formación, José Manuel Freire, instaba a aplicar un artículo de la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias que exige establecer requisitos de selección y nombramiento del personal de dirección de los centros sanitarios. Es decir, que la Administración regional deje de nombrar a dedo a los gerentes. El partido popular votó en contra.
Acusaciones de "corrupción"
La sesión de ayer vivió un momento de especial tensión cuando el portavoz de Sanidad del grupo popular, Javier Rodríguez, aseguró que "el señor García Valverde fue un corrupto". Estaba en ese momento defendiendo su postura sobre la moción socialista referente al nombramiento de gerentes y enumeraba una serie de casos en los que, a su juicio, Gobiernos socialistas habían designado a gerentes poco preparados para el puesto. Julián García Valverde fue ministro socialista de Sanidad en los años noventa. El diputado socialista José Manuel Freire solicitó intervenir por alusiones y exigió a Rodríguez que retirara el insulto. El popular se negó: "Yo no lo retiro".
Ni siquiera la intervención del presidente de la Cámara, José Ignacio Echeverría, ex consejero de Transportes de Aguirre, al pedir a Rodríguez que se retractara sirvió para que el diputado diera marcha atrás. "Como político, considero que esa es la acusación más grave que se puede decir de otro político", insistió Echeverría. Como Rodríguez, médico de profesión, insistía, Echeverría pidió que no constara en acta la acusación. García Valverde dimitió de su puesto en 1992 tras un escándalo por una compraventa de terrenos mientras él era presidente de Renfe. Estuvo imputado, pero fue absuelto. Diputados de UPyD e IU agradecieron al presidente de la Cámara su intervención.
