Chaves: "Hemos negociado hasta la extenuación sobre el Guadalquivir"

La reversión al Estado de las competencias sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir que durante algo más de un año ha gestionado la Junta de Andalucía ha sido una decisión "adecuada", "razonable" y tomada por consenso. Así lo ha subrayado hoy el vicepresidente de Política Territorial, Manuel Chaves, en una conferencia pronunciada en Sevilla organizada por Forum Europa.

Chaves ha asegurado que los Gobiernos central y andaluz han negociado "hasta la extenuación" para garantizar el protagonismo de la Junta de Andalucía sobre el Guadalquivir, después de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía sobre la competencia exclusiva del Guadalquivir.

Los informes jurídicos del Estado desaconsejaron prorrogar de manera transitoria y por un tiempo de cinco años la encomienda de gestión sobre el río por una cuestión de inseguridad jurídica sobre los funcionarios que trabajan en la institución. "Ante esta situación, lo lógico es tomar la decisión que se ha tomado", ha subrayado Chaves. En opinión del vicepresidente segundo del Gobierno, ahora "lo lógico y lo razonable" es reclamar la gestión de la cuenca a través del artículo 150.2 de la Constitución que permite la delegación de competencias exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Chaves ha aconsejado a la Junta de Andalucía que se pertreche de "informes jurídicos" sobre esta vía que debe contar con consenso político para su aprobación en las próximas Cortes.

De igual modo, Chaves, que fue el impulsor de esta reivindicación considerada por él mismo de "irrenunciable" cuando era presidente andaluz, ha negado que hubiera habido diferencias con el Gobierno andaluz para acordar la reversión. En este sentido, se ha pronunciado también en el mismo acto el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, quien ofició de presentador de su antecesor. "Sobre el Guadalquivir se han oído muchas tonterías, verdaderas sandeces", ha comentado Griñán, quien destacó las dificultades jurídicas para "ampliar el marco temporal de la transferencia" de los funcionarios.