Los afectados por los nuevos requisitos de la tarjeta solo podrán ir a Urgencias

Los extranjeros sin papeles, los inmigrantes recién llegados y aquellas personas en dificultades económicas que acudan sin tarjeta sanitaria a un centro de salud tendrán que dar media vuelta y poner rumbo a Urgencias si quieren que un médico del Sergas les atienda. Antes de la consulta, "urgente o no", deberán suscribir en todos los casos "un compromiso de pago" por los servicios médicos recibidos. Si el paciente es ciudadano de la UE, los países asociados o aquellos Estados con los que España tienen firmado un convenio bilateral (Brasil, Ecuador, Chile y Andorra) la minuta sanitaria "se exportará al país de procedencia". La Consellería de Sanidade no aclara qué ocurrirá con las facturas de las personas sin recursos que no se puedan acoger a esta opción y carezcan de cobertura. En esta situación se pueden encontrar pronto los colectivos más vulnerables: inmigrantes regulares o ilegales, emigrantes retornados, indigentes, toxicómanos, familias nómadas o cualquier otra persona en dificultades puntuales.

Un nuevo reglamento de Sanidade, en vigor desde el 29 de septiembre, limita el acceso a la tarjeta sanitaria —y por tanto a a la atención médica no urgente—, al colectivo que denomina "Personas sin recursos económicos suficientes (PSR)", siempre con la excepción de menores y embarazadas. El Sergas introdujo un requisito que no existía con anterioridad, que obliga al demandante a acreditar que reside en España con una "antigüedad mínima" y exacta de 183 días (seis meses) y empadronado en el municipio donde solicita la asistencia.

Con esta orden, firmada el 5 de septiembre por la conselleira Pilar Farjas y publicada en el Diario Oficial de Galicia cuatro días después, se restringe sobre el papel el acceso de todas las personas a un servicio universal y gratuito garantizado por la Ley de Salud y la de Extranjería.

Sanidade sostiene que todas las personas serán atendidas siempre en Urgencias, pero ni garantiza ni aclara cómo podrán acceder sin tarjeta a la Atención Primaria, lo que supone tener asignado médico de cabecera, enfermería para inyecciones y curas o recetas para enfermedades tan comunes como la gripe o fármacos para dolencias crónicas.

Una portavoz de la consellería justifica esta medida en la crisis con el objetivo de "simplificar los trámites" para las personas desempleadas y sin recursos, los dos colectivos a los que se dirige específicamente el reglamento. A partir del 1 de enero de 2012, renovar o reponer una tarjeta extraviada le costará 10 euros a todos los usuarios. Una cuantía que al diputado popular Miguel Santalices le parece razonable para "poner en valor" una acreditación que los gallegos extravían a razón "de 100.000 por año", según sus cálculos, y que les abre las puertas de "uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo". Según esas cifras, el Gobierno gallego recaudará un millón de euros cada año.

El contenido de la orden aparece recogida de forma esquemática en una circular interna de ocho páginas aparentemente dirigida al personal administrativo del Sergas en los centros gallegos de salud donde se tramitan directamente las tarjetas, además de las unidades provinciales.

Trabajadores del Sergas confirman que la normativa se está aplicando desde finales de septiembre y que ha dejado al descubierto la situación de muchos vecinos que tras agotar el paro se quedaron sin cobertura y que tienen que recurrir a su pareja u otro familiar para que los incluya como beneficiarios. En este caso, explican, la situación se puede corregir rápidamente con un formulario. "Sin atender no queda nadie", apunta un trabajador del área sanitaria de Ferrol, pero admite que más de uno se ha quedado o se va a quedar sin cobertura legal para ir al médico de familia. "Esto es gratuito, entre comillas, porque cotizamos. Para los que ya no trabajan y no cotizan...". Algunas de las personas que se presenten sin tarjeta en su centro tendrán que derivarse a Urgencias, al menos, hasta que acrediten medio año de residencia en España, o apelar a la buena voluntad de los facultativos que se arriesguen a contravenir la normativa.

Otros de los argumentos que esgrime Sanidade para explicar la restricción es evitar el fraude a la Seguridad Social. Aducen que siguen una recomendación de la Comisión Europea para "detectar el uso fraudulento de la tarjeta sanitaria". Se refieren, sobre todo, a ciudadanos extranjeros que la obtienen en un Estado miembro o asociado y recorren el continente exprimiendo sus beneficios.

La Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública cree que se "restringe el derecho universal a la asistencia sanitaria y farmacéutica". "Esta orden es ridícula y contradictoria", asegura el vicepresidente de Médicos del Mundo. "Quienes no tienen recursos, ¿cómo esperan que paguen?", se pregunta.