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El Síndic de Greuges alerta de que los recortes sociales dañan los derechos de la infancia

Rafael Ribó pide a legisladores y gobernantes mayor atención a la infancia y la adolescencia

El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, ha advertido hoy que los recortes en las prestaciones públicas como consecuencia de la crisis ponen en peligro los avances alcanzados durante los últimos años en materia de derechos de la infancia, el colectivo más vulnerable a la pobreza. Ribó, acompañado por su adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, María Jesús Larios, ha presentado hoy a la presidenta del Parlament de cataluña, Núria de Gispert, el primer informe que ha elaborado el Síndic de Greuges sobre los derechos de la infancia en Cataluña.

Entre otras cosas, el informe constata que las becas de comedor de la Generalitat durante el curso 2010-2011 descendieron en 12 millones de euros, lo que equivale a un recorte del 33% con respecto al año anterir. El Síndic ha pedido "por favor" a legisladores y gobernantes "una mayor atención a la infancia y adolescencia" porque "son el fundamento y el futuro de nuestra sociedad" y ha advertido que "la disminución de la cobertura de algunos servicios de prestaciones públicas puede incrementar las desigualdades y hacer crecer las situaciones de vulnerabilidad en la infancia".

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Tras constatar que la población infantil experimenta un riesgo de pobreza del 23,4%, seis puntos por encima de la población adulta, el informe también denuncia que ha habido una reducción del personal de apoyo en los centros escolares y en las ayudas a las actividades no lectivos. Igualmente denuncia "la insuficiencia de recursos alternativos a la acogida residencial", "la falta de plazas adecuadas en centros residencales para adolescentes con problemas psicológicos y transtornos de conducta y también para menores extranjeros no acompañados".

El informe de Síndic de Greuges también constata que la red pública de Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil (CSMIJ) está saturada, por lo que no atiende adecuadamente a los menores y adolescentes que lo necesitan, y que tiene listas de espera para exploración y diagnóstico. También faltan en Cataluña, según la adjunta para la Infancia, María Jesús Larios, plazas residenciales para pacientes jóvenes con problemas de salud mental severos.

En materia educativa, el informe denuncia que la Generalitat "no siempre ha aprovechado bien el margen de actuación que la ley prevé para evitar situaciones de segregación y que hay muchas escuelas con niveles elevados de concentración de alumnado con necesidades educativas específicas". Ribó ha destacado que también vulnera el principio de igualdad de oportunidades en la infancia el hecho de que haya "procesos de segregación escolar producidos por los déficits de gratuidad real de la escolarización en numerosos centros concertados".

Entre las recomendaciones que el Síndic ha hecho al gobierno ha destacado la de rebajar los límites para poder acceder a determinadas ayudas sociales, ya que, según ha destacado Larios, se dan casos en que algunas familias han tenido que renunciar a la beca de comedor porque no pueden pagar la parte que no sufraga la subvención.

Una distribución equilibrada de alumnado en el sistema educativo, extender la atención de salud mental infantil y juvenil y aumentar la inversión en política de infancia, son otras de las recomendaciones que hace el informe del Síndic. "Por favor, máxima atención a los derechos de la infancia", ha clamado Ribó, antes de alertar que los recortes sociales pueden provocar que "se vulneren estos derechos". "Las restricciones presupuestarias no tendrían que afectar a la garantía de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la infancia", ha insistido Ribó, que ha constatado algunas mejoras como la lucha contra el maltrato infantil, mejores condiciones de los centros residenciales, el aumento de las familias de acogida y la mejora de los recursos educativos de atención a la diversidad.

En rueda de prensa, Ribó ha acusado al Gobierno central de "centralista" por impedir que su informe sobre la infancia pueda ser elevado a la Unicef cuando Cataluña tiene competencias plenas en esta materia.

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