Sigue el juicio al inspector del Ayuntamiento de Valencia por supuesta estafa
Diferentes dueños de locales han declarado que el funcionario les tomó el pelo
Segundo día del juicio al funcionario del Ayuntamiento de Valencia que supuestamente cobró comisiones para agilizar licencias de obra y actividad comercial en la ciudad. Hoy, diferentes dueños de locales comerciales que le denunciaron han asegurado ante un jurado popular que "todo fue una mentira" y que les tomaron el pelo. La fiscalía pide dos años y medio de cárcel por estafa.
Uno de los denunciantes que en el momento de los hechos -en el año 2009- tenía un restaurante en la calle Calixto III de Valencia ha declarado que se puso en contacto con el acusado a través de una tercera persona para que le gestionara la licencia de actividad. Ha explicado, además, que pidió ayuda al acusado porque su local presentaba inicialmente un problema sanitario, "aunque luego eran muchas otras cosas más", ha puntualizado. Para tramitar la documentación, el procesado le pidió dinero, y tras dárselo, "desapareció". Según ha comentado, "no dio nunca la cara y no volvió a aparecer por allí".
Asimismo, otro de los presuntos estafados, que tenía problemas para renovar la licencia en su taller mecánico, ha narrado ante el jurado que llevaba unos seis o siete años intentando sacar la licencia de su establecimiento, y al comentárselo a un cliente, éste le recomendó que se pusiera en contacto con el acusado para agilizar los trámites. Le llamó, quedaron, y le dijo que podía ayudarle pero que "eso llevaba unos costes, que él necesitaba dinero para que esto fluyera", ha aseverado. Así, le fue pidiendo dinero "unas dos o tres veces", e incluso no le quiso pagar una reparación de su coche porque le dijo que "iba a cuenta" de sus gestiones.
Durante algún tiempo, el acusado se presentaba en el taller y le decía al denunciante que tenían que limpiar todo bien y cambiar cosas de sitio porque ese día iba a ir la inspección. Sin embargo, según ha comentado, ésta "nunca llegó". Así, ha lamentado que "hoy el taller está cerrado por culpa de eso, ya que el Ayuntamiento rescindió las licencias provisionles".
Con todo, ha explicado que se empezó a enfadar y cuando se enteró de que había una demanda contra él, decidió adherirse y relatar lo ocurrido. "Me tomó el pelo. No hizo ningún trámite. Le llamé unas 40 veces cuando me cansé y nunca me atendía", ha dicho. "Desapareció del mapa", ha comentao.
El acusado, funcionario de carrera del consistorio, adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística con categoría de inspector de obras, se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión y de cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de estafa. Fue suspendido provisionalmente de sus funciones en base a los hechos denunciados y, además, fue condenado anteriormente por un delito de estafa a las penas de dos años de prisión y ocho meses de multa.
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