El Gobierno desbloquea las oposiciones de las siete comunidades que estaban en el aire

El Gobierno de España no bloqueará finalmente las oposiciones de las siete comunidades autónomas que estaban pendientes de los recursos del Ministerio de Economía y Hacienda contra sus ofertas de empleo público docente. Cataluña, Navarra, Castilla y León, Andalucía, Aragón, Baleares y Extremadura tendrán oposiciones como habían previsto. Y Economía no las intentará paralizar en los tribunales como había empezado a hacer al entender que se saltaban las restricciones impuestas en los Presupuestos a la hora de reponer a los profesores y maestros que se jubilan.

A cambio, las comunidades tendrán que modificar los decretos en los que se convocaron sus ofertas de empleo público. Los distintos gobiernos regionales deberán desglosar la oferta para que una parte de las plazas convocadas correspondan a consolidación de puestos ocupados ya por interinos y otra a puestos de nueva creación. En este último caso, en el de nueva creación, sí se cumplirá con la restricción del 30% fijada en los Presupuestos y que implica que solo se pueden cubrir tres de cada diez jubilaciones este año.

La última comunidad con la que se ha cerrado el acuerdo hoy ha sido Castilla y León, según han informado el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública y la Consejería de Educación. Ayer ocurrió lo mismo con Extremadura y Navarra.

Pese a que se ha puesto fin al enfrentamiento en los tribunales, la polémica no ha cesado. Cuando Cataluña logró el martes zanjar este asunto al comprometerse a modificar su decreto de convocatoria de oposiciones a profesores, la Generalitat sostuvo que le había ganado "un pulso" al Estado ya que presentará el mismo número de plazas que tenía previsto. El Ministerio de Economía rebatió ayer esta interpretación a través de un comunicado en el que afirmaba que han sido las comunidades las que han realizado una "rectificación". Según el departamento de Elena Salgado, las modificaciones que las autonomías van a realizar en sus decretos supondrán "la disminución de plazas de oferta de empleo público y, por lo tanto, de ingreso neto de efectivos". Economía cifró esta disminución en 4.339, sin contar con los datos de Castilla y León, con la que ayer no se había cerrado todavía el acuerdo. Según el ministerio, este recorte supone "un ahorro total de más de 130 millones de euros anuales".