La juez archiva las acusaciones contra la excúpula de Interior en el incendio de Horta

La titular del juzgado de Gandesa, Laura Martínez Salom, ha acordado sobreseer la denuncia presentada contra la excúpula de Interior por el abogado de las familias de dos de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan porque los hechos denunciados no son delito. El letrado Pau Simarro, abogado de Dolors Espinet, la hermana de uno de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan, en julio de 2009, ratificó el pasado 14 de abril la denuncia formulada contra la excúpula del Departamento de Interior del gobierno tripartito y los mandos de los bomberos.

La denuncia fue interpuesta, entre otros, contra el exconsejero de Interior Joan Saura (ICV-EUiA) y el exsecretario general del departamento Joan Boada. La denuncia también se dirigía contra tres mandos del cuerpo de Bomberos: Antoni Rifà, Agustí Gatell y Joan Rovira. En el mismo acto, el abogado presentó un escrito donde solicitaba a la juez de Gandesa que acordase citar a declarar, en calidad de imputados, a todas estas personas, si bien en el caso de Boada la denuncia pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por ser una persona aforada en calidad de parlamentario.

La juez había acordado una semana antes incoar diligencias -dar un número de registro- a la denuncia presentada en el juzgado de Gandesa, con relación a un posible delito de obstrucción a la justicia, contra Joan Saura, Joan Boada y altos cargos de Bomberos. En una diligencia del pasado 4 de mayo y a la que hoy ha tenido acceso Efe, la juez sobresee la denuncia "por no ser hechos constitutivos de delito" y ordena su archivo profesional.

En la diligencia, la juez define el delito de obstrucción a la justicia, al que se refería la denuncia, como "el que con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente a quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedmiento para que modifique su actuación procesal". A su juicio, se trata de "un delito de peligro, de tendencia o de mera actividad que se consuma con la sola realidad de la violencia o intimidación ejercidas con la finalidad de coartar la libertad de quien intervenga en un procedimiento, aunque el sujeto pasivo no llegue a efectuar el acto exigido". Pero, una vez analizado el caso, ordena el sobreseimiento de la denuncia, que tenía su origen en unas declaraciones del alcalde de Horta de Sant Joan, Angel Ferràs, que dijo que en una cena Joan Saura -y al día siguiente Joan Boada- le presionaron para que cambiara su declaración al respecto de que "hubo descoordinación" en la extinción del incendio ocurrido en su municipio el 20 de julio de 2009. Para la juez, se trata de la versión de Ferràs pero "en el caso de que esos hechos hubieran ocurrido, ni tan siquiera resultarían penalmente típicos".

Además, Ferràs no había sido citado a declarar en el procedimiento -lo hizo a petición del abogado Pau Simarro-, por lo que "no pueden entenderse comprendidos (en el procedimiento) quienes no hubieran adquirido tal condición, aún cuando potencialmente puedan llegar a serlo en un futuro". La denuncia también se basaba en la declaración del jefe de bomberos del parque de Horta de Sant Joan, Vicenç Creus, que manifestó que Rovira, Rifà y Gatell le dijeron que se callara o no trabajaría nunca más para la Generalitat. Según la juez Martínez Salom, se trata de la versión de Creus y "no concurre" lo necesario para ser considerado obstrucción a la justicia.

El abogado Pau Simarro ha manifestado su "profundo respeto" a la resolución judicial, pese a lo cual está estudiando recurrirla porque piensa que la actuación de los denunciados "sí que es punible". Asimismo, Simarro ha añadido que está a la espera de que se convoquen las nuevas declaraciones de los 31 testigos (que ya habían declarado en el juzgado de Gandesa) solicitados por la defensa de Carles Font, Delta 0 el 21 de julio del 2009. Al respecto, Simarro ha dicho que espera que la agenda del juzgado permita seguir la instrucción lo antes posible para acabar en un plazo razonable el proceso y, después, poder encarar el juicio.