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Condenados a seis años de cárcel dos expresidentes de Ferrocarrils por desviar 2,7 millones

La Audiencia de Barcelona considera que el exconsejero Vilalta prevaricó, pero le absuelve porque el delito ha prescrito

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de cárcel a dos expresidentes de Ferrocarrils de la Generalitat por desviar 2,7 millones de euros de la empresa pública a sus bolsillos. Ambos urdieron una "trama" para constituir, en 1991, un fondo de pensiones ilegal y repartirlo entre una quincena de directivos.

Antonio Herce, exdirector financiero y presidente entre 1999 y 2000, ha sido condenado a seis años malversación de caudales públicos y a ocho años de inhabilitación por prevaricación, o sea, dictar una resolución a sabiendas de su injusticia. Enric Roig, exdirector y presidente entre 1993 y 1999, ha sido sentenciado a la misma pena por malversación, pero ha sido absuelto de prevaricación porque el delito ha prescrito. El tercer procesado en el caso Ferrocarrils, Albert Vilalta -que fue consejero de Medio Ambiente en uno de los gobiernos de Jordi Pujol- estaba acusado también de prevaricación por haber dictado una resolución a sabiendas de su injusticia.

La sección sexta de la Audiencia considera que Vilalta, que presidió la empresa de 1983 a 1991 (poco antes de ser nombrado consejero) firmó el contrato de constitución del fondo de pensiones con la entidad Winterthur pese a saber que ese asunto debía ser abordado por el Consejo de Administración. Vilalta prevaricó, pero se ha librado de la pena porque el delito ha prescrito. El exconsejero de CiU conocía sus funciones pero "nunca informó" al consejo de su voluntad de constituir esos derechos económicos.

El tribunal considera, sin embargo, que Vilalta no participó en la malversación. "Su intervención entra de lleno en la fase preparatoria de la infracción", pero "no pretendió, ni compartió el enriquecimiento que sí obtuvieron el resto de acusados". Los contratos firmados por la cúpula de Ferrocarrils sirvieron para desviar, durante años, fondos públicos gestionados por Ferrocarrils a unos pocos directivos, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario y que hoy ha avanzado El Periódico de Catalunya.

Durante el juicio, los acusados afirmaron que en el "competitivo mercado ferroviario" de la Barcelona olímpica, los contratos pretendían "fidelizar a unos empleados escasos y altamente cotizados" en el sector. La Audiencia de Barcelona desmonta ese argumento porque algunos de los beneficiarios eran ajenos, por su titulación y experiencia, a ese ámbito.