Agirre afronta el último pleno de las Juntas de Álava bajo la sombra del 'caso Zambrana'

Las Juntas Generales de Álava (Legislativo provincial) celebran hoy su último pleno antes de las elecciones del 22-M, al que el diputado general, el peneuvista Xabier Agirre, acudirá bajo la sombra de la fallida operación urbanística en el Ayuntamiento de Zambrana, que la justicia investiga por si hubo pago de comisiones ilegales. Aunque en la última reunión de la comisión foral que investigó esta derivada del caso De Miguel, una supuesta trama de corrupción que afecta al PNV, solo este partido presentó una enmienda a la totalidad del dictamen, queda por ver cuál será la postura final de los demás partidos nacionalistas —EA, Aralar y la ilegalizada ANV—.

Hasta ahora, el principal argumento del PNV alavés para descalificar a la comisión fue acusar a populares y socialistas de "manipular" y "tergiversar" la información apuntada por la comisión investigadora en sus conclusiones finales.

También será destacable ver si Agirre opta por tomar la palabra cuando sea interpelado por lo ocurrido o si prefiere eludir el cuerpo a cuerpo delegando la respuesta en algún miembro de su equipo. El martes, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, se adelantó afirmando que el dictamen no aprecia irregularidades en la actuación del ente foral en la operación. Y dio por saldadas las responsabilidades políticas con la dimisión en marzo de 2010 del imputado Alfredo de Miguel como diputado de Administración Local y Equilibrio Territorial. Entonces, la supuesta trama tejida en torno a Zambrana no había trascendido.

Si opta por responder a los demás partidos, Agirre tendrá una oportunidad para hacer autocrítica en la elección de De Miguel como máximo responsable urbanístico de Álava visto un dictamen que apunta al PNV alavés como nexo común de la trama que intentó sacar adelante la recalificación de terrenos con el entonces diputado foral a la cabeza.

Agirre también podrá aclarar su postura ante la censura que especifica el dictamen a la actuación del actual responsable de dicha cartera, Iñaki Nafarrate, y de una directora del departamento, que tumbaron los informes medioambientales que hacían inviable la recalificación.