Un exconsejero de Matas se libra de una de las tres imputaciones por corrupción

El expresidente de Baleares Jaume Matas y cuatro de sus consejeros del último Gobierno regional, del PP (2003-2007), están imputados en casos de corrupción. El extitular del departamento de Turismo, Juan Flaquer, ha sido exonerado por el Tribunal Superior de Justicia de las imputaciones por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que le formuló la fiscalía en el caso del castillo de Sant Elm, una de las tres causas que le atañen.

Flaquer, que es persona de confianza de Jaume Matas, es parlamentario balear y sigue inculpado en otros dos escándalos en investigación: en el caso Palma Arena y el caso Pasarela/Ibatur , ambos en relación con las sospechas sobre la gestión de fondos públicos.

En el caso por el que ahora se le exonera de los cargos contra él, la Fiscalía Anticorrupción, con el respaldo del juez instructor, ha considerado que la actuación de Flaquer era delictiva por el uso y destino de unas subvenciones al Ayuntamiento de Andratx. El Tribunal Superior determinó que el consejero efectuó una "inversión de fondos públicos en la satisfacción de finalidades de interés general".

El exconsejero de Matas fue imputado por el caso del castillo de Sant Elm de Andratx que investiga las subvenciones de hasta 50.000 euros otorgados por Gobierno al Ayuntamiento que presidía el alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, encarcelado con condenas firmes de más de cuatro años por corrupción.

Los fondos se destinaron a la Fundación Illes Balears propietaria del castillo de Sant Elm. La entidad privada se creó en los años 90 con donaciones de empresas contratistas que recolectó su presidente vitalicio, el expresidente balear Gabriel Cañellas, que tuvo que dimitir, en 1995, por el cobro de comisiones del concesionario del túnel de Sóller. Una pequeña parte (6.000 euros) de los 300.000 del cohecho -penalmente prescrito- se destinó a la fundación. Cañellas la subvencionó más de 20 veces desde su propio Gobierno. La entidad recibió más de 500.000 euros en donaciones anónimas y tiene más de seis millones de fondos en fincas y monumentos patrimoniales.

El magistrado del Tribunal Superior, Javier Muñoz, asegura, en relación a la gestión de Flaquer y sus ayudas a la Fundación de Cañellas, que "si el dinero público se emplea en usos y finalidades calificables de "públicos" no hay malversación punible".

El juez considera que la Fundación de Cañellas "es por su propia naturaleza (...) entidad que persigue la satisfacción de intereses generales. Se trata, por tanto, de sujeto que reúne condiciones idóneas para recibir de los poderes públicos subvenciones que contribuyan al desarrollo de su actuar". El juez dice que "en ocasiones se observa que se hace un uso abusivo, y a veces fraudulento, de la vía penal".