El cooperante Albert Vilalta renuncia a ser reconocido como víctima del terrorismo

El cooperante catalán Albert Vilalta ha retirado la solicitud que presentó ante el Ministerio del Interior para ser reconocido como víctima del terrorismo por el secuestro que sufrió por Al Qaeda durante 267 días en el desierto de Malí junto a dos compañeros y recibir indemnización por ello.

Según han desvelado fuentes del Ministerio dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba, Vilalta decidió ponerse en contacto con el Ministerio poco después de hacerse pública su petición y le solicitó que fuese retirada y se paralizase la fase de estudio que ya se había iniciado.

La petición del director general de las empresas Túneles y Accesos de Barcelona y Túneles del Cadí de ser reconocido como víctima del terrorismo generó polémica y entre las asociaciones de víctimas y partidos políticos, pese a que anunció que, en caso de ser reconocido como víctima, donaría toda la indemnización a la que tuviese derecho a la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT).

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, tachó como una "burla" la petición de Vilalta y señaló como un "escándalo" que plantease esa reivindicación después de que él y sus compañeros fuesen rescatados gracias al dinero del Estado, con las consiguientes críticas que este hecho acarreó a España a nivel internacional.

La legislación vigente establece que, para ser reconocido como víctima del terrorismo, es necesario que el atentado se haya perpetrado contra intereses españoles, por lo que el caso de Vilalta debía ser objeto de un intenso estudio por parte del Ministerio del Interior, que contaba con un año de plazo desde la petición para tomar una decisión.

Nueva ley en tramitación

Sin embargo, la nueva ley de víctimas que está en fase de tramitación en el Congreso despeja este camino y ya incluye la calificación como víctima a todos los ciudadanos que sufran acciones terroristas fuera del territorio nacional, lo que incluiría a los cooperantes.

Según esta nueva ley, Vilalta hubiera tenido derecho a una indemnización de entre 19.200 y 14.400 euros. El borrador de la proposición de ley presentado en la Cámara Baja establece que, en caso de que el español no tenga su residencia habitual en el país en el que sufra el atentado terrorista percibirá el 40% de la cantidad reconocida para las víctimas si dispone de algún tipo de seguro y el 30% si no cuenta con esta protección.

Según las cuantías propuestas, los secuestrados tienen derecho a una indemnización fija de 12.000 euros a los que se debe sumar 180 euros por cada día que hayan sido retenidos, con un máximo de 36.000 euros. Aplicando estas cantidades y el recorte establecido, los tres cooperantes catalanes hubieran tenido derecho a una indemnización de entre 19.200 y 14.400 euros en caso de ser reconocidos como víctimas del terrorismo.