El PP tramita la expulsión del partido del exalcalde de El Álamo

El Partido Popular está tramitando la expulsión como afiliado de Jesús Arribas, el exalcalde de la localidad madrileña de El Álamo que ha reconocido, en una entrevista con EL PAÍS publicada hoy, haber sido partícipe de dos delitos de cohecho durante sus años de mandato en colaboración con varios de sus concejales. El equipo de Gobierno en el municipio está "trabajando con el equipo jurídico en la presentación de una querella criminal inminente" contra Arribas. Izquierda Unida, por su parte, ha anunciado que presentará el caso ante la Fiscalía Anticorrupción.

En una nota hecha pública esta tarde, el Ayuntamiento niega las acusaciones del exalcalde y calificaba sus declaraciones de "deplorables, llenas de odio e injurias, solo entendibles en alguien que está atravesando graves problemas y se encuentra desestabilizado emocionalmente". Arribas se vio obligado a dimitir de su cargo cuando se descubrió que había traicionado en lo personal a uno de sus concejales, hace nueve meses.

"Cacicadas ilegales"

Arribas fue alcalde durante dos años y medio en el lugar en este municipio de 6.500 habitantes situado al sureste de la región. El partido le obligó a dimitir cuando se descubrió que había traicionado en lo personal a un concejal. Desde entonces, apartado del Gobierno municipal, cuenta que durante su mandato se produjeron "cacicadas y hechos que se pueden considerar ilegales", en los que se involucra a sí mismo y a los actuales dirigentes del Consistorio. Desde el cobro de una comisión por la apertura de un centro comercial a la extorsión a un empresario. "Era muy común exigir pagos por cualquier asunto", explica.

De eso da fe un importante hombre de negocios de Majadahonda. Él, que exige el anonimato, compró por 50.000 euros la licencia a un taxista jubilado de El Álamo y la puso a nombre de su mujer, pues la ley no permite tener más de tres a una misma persona. El Ayuntamiento debía tramitarle el cambio de titularidad. "Hablé por teléfono con el concejal de Hacienda [José González] y me dijo de quedar en un hotel. Me sonó raro. Le dije que yo quedaba en el Ayuntamiento, que era donde tenía que hacer el trámite", cuenta el empresario en su despacho. Cuando se presentó en el Consistorio, dice que se reunió en una habitación con González y la concejal de Transportes, María Orgaz. "El concejal me pidió 15.000 euros porque estaban muy estresados y tenían que ir a un spa. Yo me quedé a cuadros. (...) Me fui a casa y lo hablé con mi familia. Decidimos no darles ni un duro", agrega.

Arribas asegura que siendo alcalde, durante una reunión, tuvo conocimiento de que a este hombre se le había exigido una cantidad de dinero. "A juicio de González, una vez que se construyese el aeropuerto, la licencia valdría mucho dinero. El señor se echó para atrás", añade Arribas, que corrobora así la versión del empresario. Reunidos en el despacho de la actual alcaldesa, Natalia Quintana, la sustituta de Arribas, los concejales señalados con el dedo niegan las acusaciones. Nunca pidieron dinero, según su versión. Aseguran que aplicaron a rajatabla la ordenanza municipal del taxi.