El balance regional de 2010 de UGT revela "una acentuada injusticia social"

"Estamos preocupados". José Ricardo Martínez, secretario general de UGT Madrid, ha pintado esta mañana un panorama negro sobre el pasado reciente y el futuro próximo de la Comunidad de Madrid. El sindicato ha presentado una radiografía sobre la situación regional con datos de 2010 y centrado en cuatro áreas fundamentales: empleo, educación, sanidad y asuntos sociales. La valoración de UGT sobre el papel del Gobierno regional en 2010 se resume en una frase: "se ha producido un giro en las políticas gubernamentales de una acentuada injusticia social", señala el informe.

"Hemos elegido los pilares básicos, a los que acuden los ciudadanos, y los capítulos en los que la Comunidad de Madrid ha bajado más el presupuesto", explica Isabel Navarro, responsable de la Secretaría de Análisis y Estrategia de UGT. En empleo, el informe sindical recuerda que Madrid supera el medio millón de parados, con 545.000 desempleados (12% del total de trabajadores de España). El grueso corresponde al sector servicios (324.922 empleados). Más de 170.000 no cobran ninguna prestación, señala UGT, que denuncia que frente a esto el presupuesto del Servicio Regional de Empleo ha descendido en los últimos cuatro años de 480 a 459 millones. En 2010 aumentaron los contratos un 3,%, según los datos recogidos por UGT, que señalan que la gran mayoría (85,3%) son contratos temporales. El porcentaje es menor que el de la temporalidad en España, con el 91,5% de contratos no fijos.

En educación, critican el impulso regional a la escuela concertada, el respaldo a la educación segregada o el desigual reparto de los alumnos extranjeros entre centros públicos y centros concertados, que también están sostenidos con fondos públicos.

La implantación del Área Única de Salud, que consideran "un ataque a la sanidad pública madrileña" y sobre la que advierte que "va a precarizar aún más las condiciones sanitarias madrileñas", ha centrado sus críticas en materia sanitaria. UGT recurrió en octubre ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el decreto del área única pendiente de resolución.

Respecto a los servicios sociales, aseguran que el número de plazas en residencias para personas con discapacidades físicas se mantiene invariable desde 2008 "lo que deja en evidencia el (escaso o nulo) interés del Ejecutivo autonómico en este área.