Uno de los saharauis que piden asilo presenta pruebas de la represión

Antes de embarcarse en una pequeña lancha neumática rumbo a Canarias desde la costa de El Aaiún , uno de los miembros de la expedición que desembarcó el miércoles pasado en una playa de Fuerteventura se ocupó de verificar que llevaba consigo una tarjeta de memoria en la que había dejado constancia gráfica del violento desmantelamiento por parte de las autoridades marroquíes del campamento de Agdaym Izik el pasado 8 de noviembre. Hay fotos de tiendas en llamas y de la policía desalojando por la fuerza a los congregados, según confirman fuentes conocedoras del caso. Es una de las pruebas que ha podido aportar a su solicitud de asilo de que efectivamente estuvo allí. Trata también de probar que fue agredido: en una de ellas aparece con un ojo morado y contusiones, según las mismas fuentes.

Los 'sin papeles' confían en quedar en libertad antes del domingo

Los 22 solicitantes de asilo que llegaron en esa patera fueron entrevistados el lunes por la tarde y el martes por funcionarios de policía que les hicieron un cuestionario especialmente preparado para ellos con preguntas concretas sobre Agdaym Izik, sus actividades en el campamento y la represión posterior hacia ellos y sus familiares. En las entrevistas, que fueron posteriormente remitidas a la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid, dependiente del Ministerio del Interior, estaban presentes un intérprete -los solicitantes de asilo hablaron en hasaní, dialecto árabe que se habla en el Sáhara occidental y en Mauritania-, uno de los abogados de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) desplazados desde Las Palmas de Gran Canaria, un funcionario de policía de Fuerteventura y otro especialmente llegado a la isla desde la Brigada Provincial de Extranjería de Las Palmas.

Parece que los inmigrantes llegados en patera son efectivamente saharauis, según confirman fuentes conocedoras de los expedientes, y lo que debe determinar ahora la Oficina de Asilo y Refugio es hasta qué punto corren riesgo su vida o integridad física si regresan a su lugar de origen; hasta qué punto son activistas perseguidos. La mayoría son jóvenes, en torno a los 20 años , y por lo tanto carecen de largos historiales como defensores del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Pero algunos, como el que entregó la tarjeta de memoria con las fotos, han aportado detalles precisos y fechas de detenciones policiales -de ellos o de sus familiares-, de su participación en manifestaciones y relatos muy concretos de sus días en el campamento y del desalojo, mientras que otros han dado información más genérica.

Las primeras 10 solicitudes se enviaron el lunes por la noche a Madrid. Las 12 restantes, el martes. A partir de su recepción, la Oficina de Asilo y Refugio tiene un plazo de cuatro días para decidir si las admite o no a trámite. Si se aceptan, esto supondría la regularización temporal de los solicitantes de asilo, que saldrían del Centro de Internamiento de Extranjeros de El Matorral antes del próximo domingo y se les regularía su situación dándoles un permiso de estancia temporal en España. A partir de ese momento empieza a correr el plazo de seis meses que concede la ley -salvo que el asilo se tramite por un procedimiento de urgencia que lo limita a tres meses- para que el Gobierno se pronuncie de forma definitiva sobre si concede o no a estas personas la condición de refugiado. El plazo de seis meses no suele cumplirse nunca, según señala el portavoz de CEAR Mauricio Valiente, que asegura que habitualmente el tiempo de espera media hasta tener una resolución definitiva sobre el asilo está entre un año y un año y medio.

Cuando, en 2006, una oleada de pateras con saharauis llegó a las costas canarias, la solución del Gobierno fue admitir la mayoría de ellas a trámite -en esos momentos, y tras la fuerte represión de las autoridades marroquíes que siguió a la llamada intifada en el Sáhara en 2005, casi 200 personas procedentes de esa zona desembarcaron en patera en Canarias-. Después, se concedieron finalmente muy pocos estatutos de refugiado.

El Ministerio del Interior no ofrece datos separados sobre los saharauis, sino que se incluyen como marroquíes, y recoge en sus anuarios que 281 personas procedentes de este país pidieron asilo en 2006. En ese momento, con el caso permanentemente en los medios, 197 de ellas fueron admitidas a trámite. Tan solo un año después, en 2007, de 263 peticiones solo se aceptaron 77 para ser examinadas. Entre 2006 y 2008 se protegió de forma definitiva a 26 solicitantes de asilo de Marruecos: a 10 como refugiados y a 16 bajo la figura de la protección subsidiaria que se puede conceder a aquellos que no reúnen todos los requisitos pero cuyo retorno se considera que puede suponer un riesgo real para su vida o libertad.

Un arreglo como el de 2006, admitir casi todas las solicitudes a trámite, supondría para el Gobierno aceptra solo indiciariamente que Marruecos está vulnerando los derechos humanos de los saharauis. Sobre lo más problemático en su relación con el reino alauí, la concesión de estatuto de refugiado, el Ejecutivo no tendrá que pronunciarse hasta dentro de muchos meses y cuando, previsiblemente, el tema no despierte tanto interés como tras la llegada de la patera.