Los loteros creen que la privatización de la sociedad estatal de lotería "no va a generar empleo"

El presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha anunciado esta mañana que privatizará el 30% de la sociedad estatal de Loterías y Apuestas de Estado (LAE). Se trata de otra de las actuaciones para liberalizar actividades productivas, junto con la privatización de la gestión de los dos principales aeropuertos españoles, Barajas en Madrid y el Prat en Barcelona, cuya gestión se encuentra actualmente en manos de AENA. La iniciativa ha sido recibida por el sector de los loteros con acritud, aunque sin sorpresa.

La medida es presentada por el Gobierno como una vía para sanear la economía y generar empleo. El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en respuesta a una pregunta del PP, ha afirmado que con la decisión de "privatizar parte de Loterías y de Aena" se conseguirá "reducir deuda, tener más margen de maniobra presupuestaria" y de esta manera dedicarse "por ejemplo a políticas activas de empleo".

El sector del juego público ha recibido la noticia con descontento, pero como un mazazo esperado desde hace tiempo. Manuel Izquierdo, presidente de la Mesa de Asociaciones de Administraciones de Lotería, que reúne a las organizaciones APLA, ANAPAL Y FENAPAL, se ha expresado la indignación de la Mesa con el anuncio de la privatización que el Ejecutivo "ha negado durante todo el año". Ha advertido, además, que la medida es "pan para hoy y hambre para mañana" y ha asegurado que "no se va a generar empleo, si no todo lo contrario". Izquierdo se remite a la experiencia de los países con modelos de gestión privada de los juegos como la lotería para argumentar que estos modelos "no generan empleo especializado".

Por otro lado, los loteros aseguran que la decisión de privatizar LAE "no se debe como pretende el presidente del Gobierno, a la actual crisis económica, ya que este proceso privatizador, dio comienzo con el planteamiento del contrato programa a finales de 2006" y continuó en los Presupuesto Generales del Estado de 2010 y en los de 2011, de modo que, a su juicio, la privatización, "venía perfectamente anunciada".

Las polémicas disposiciones en los presupuestos generales contemplaban que los establecimientos de lotería no tendrían la exclusiva en la venta de este producto, lo que provocó las críticas de las administraciones de loteros que desde entonces han protagonizado varias manifestaciones y cierres patronales en contra de lo que consideraban un intento de privatizar el sector del juego público.