La Junta afirma que el preacuerdo con los sindicatos aclara la confusión del sector público

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha destacado que con el preacuerdo con los sindicatos sobre el decreto de reordenación del sector público, que "garantiza los derechos de todos los empleados públicos", se "eliminan las dudas interpretativas y se aclaran todas aquellas cuestiones que han provocado cierta confusión en las últimas semanas".

Durante su intervención ante el Pleno del Parlamento, Martínez Aguayo ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz aprobó ese decreto por tres motivos fundamentales: para cumplir y desarrollar la Ley de la Administración de la junta de Andalucía, tal como ordena el mandato del Parlamento; para adaptar nuestra normativa a la legislación básica del Estado, como obliga el marco constitucional, y para mejorar la eficiencia del sector público, como medida de consolidación fiscal acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Ha puesto de relieve que "todo este proceso se está desarrollando mediante negociación colectiva con los representantes de los trabajadores" y ha reiterado que no va a haber ningún recorte de los derechos de los empleados públicos.

Aguayo ha insistido en que se trata de un proceso de reordenación que busca "una mejora de la capacidad organizativa y de la eficiencia económica de calado; la mejora del funcionamiento del conjunto de la administración, al adaptarla a la legislación básica y a la jurisprudencia; un reforzamiento de los público, apostando por el empleado público como garantía de una adecuada prestación de servicios, y un compromiso con los ciudadanos y con la calidad de los servicios públicos". "Estamos ante un plan de reordenación que respeta los derechos de los empleados públicos y que busca una mejor prestación de los servicios públicos a la ciudadanía", ha sentenciado.

La consejera de Hacienda y Administración Pública ha aprovechado su intervención para poner de manifiesto que el PP-A "no cree en lo público ni en los empleados públicos", apuntando que el propio presidente de los populares, Mariano Rajoy, ha manifestado "claramente" que hay una "administración excesiva" y ha propuesto "menos estado de las autonomías y más privatizaciones". El proyecto del PP-A, según ha agregado, consiste, como se está viendo en las comunidades donde gobiernan los populares, en "eliminar empleados públicos", en la "ruptura" de los acuerdos con los sindicatos y en el "traslado forzoso" de funcionaros.

"Quieren simple y llanamente menos estado del bienestar y menos autonomía", ha indicado la consejera, que ha insistido en que los populares "no creen en el empleo público porque no creen en los servicios públicos". "Dejen de disfrazarse como los grandes defensores del empleo público", les ha pedido.

Respuesta del PP

Por su parte, la diputada del PP-A Carolina González Vigo ha justificado el recurso de su partido ante el TC en contra del decreto de la Junta en que éste constituye un "claro atropello" a los derechos fundamentales de los trabajadores del sector público. Ha pedido ha retirada del "decretazo", apuntando que es un "despropósito" darle la misma consideración a los funcionarios que a los que han "entrado a dedo".

"Intentan con el decretazo hacer oficial ese servilismo y clientelismo que tanto le gusta a los socialistas y que parece que llevan en los genes", ha indicado González Vigo, para quien los perjudicados por el "decretazo" no van a ser solo los empleados públicos, sino también los ciudadanos, a los que se va a someter a la "arbitrariedad" del régimen socialista. NO SE VULNERA NINGUN DERECHO Tras esta interpelación, la consejera respondió a sendas preguntas de diputados del PP-A y del PSOE-A sobre este asunto.

Martínez Aguayo ha asegurado que la Junta no ha vulnerado ningún derecho individual o colectivo de los empleados públicos, por lo que ha instado al PP-A a que, si tiene alguna prueba, la traslade a los órganos administrativos o judiciales. "Ustedes hablan de rumores sin fundamentos porque son expertos en la demagogia", ha añadido.

En esta línea, la consejera ha pedido a los 'populares' que no intenten confundir lo que es preservar el cumplimiento de los servicios públicos con "coacciones o amenazas". Así, ha dicho que al igual que en otros organismos o instituciones hay que llevar un control de la asistencia de los trabajadores, "como ocurre aquí en el Parlamento", lo que no significa que los trabajadores no puedan acudir a manifestaciones que estén legalmente convocadas.

La consejera ha respondido al diputado del PP-A Antonio Ayllón, quien ha asegurado que el proceder del Gobierno andaluz en relación a las movilizaciones de funcionarios en contra del Decreto-Ley de reordenación del sector público está siendo "inaceptable", dado que las asociaciones más representativas de este sector están denunciando "intimidaciones, amenazas, listas negras y apertura de expedientes".

Por su parte, el diputado del PSOE-A José Caballos ha asegurado que el mencionado decreto-ley reduce a la mitad los organismos públicos, simplifica las estructuras, evita duplicidades y optimiza los recursos para hacer "más con menos". "El PP se oponen a una cosa y a su contraria porque son profesionales de la oposición", ha añadido.