La Junta negociará cambios en el decreto del sector público

La Junta se mostró ayer dispuesta a modificar la "letra pequeña" del decreto que reordenará el sector público andaluz en determinados casos concretos. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, quiso ayer zanjar la polémica y la situación de intranquilidad que reina desde hace semanas entre funcionarios y personal de la Junta, asegurando que el decreto no va a suponer "ni pérdida de derechos", "ni pérdida de empleo".

Martínez Aguayo acusó al PP de "manipulación" y de querer "sacar a la gente a la calle", al tiempo que aseguró que si hay que realizar alguna modificación puntual de la letra pequeña del decreto se hará en la negociación con los sindicatos.

"Si en el decreto, que es verdad que ha tenido un tiempo un poco más corto del habitual, hay algún fleco no bien recogido, estoy abierta a considerarlo y a modificarlo porque la voluntad es que haya una Administración más eficiente, que podamos encontrar los huecos de mejora, viendo todos los organismos que tienen una función similar desde la unidad de mando correspondiente, pero sin tocar derechos de nadie", dijo ayer Martínez Aguayo, en declaraciones a Canal Sur Radio.

Fuentes de la consejería emplazaron a hoy martes para conocer algunos de esos flecos que actualmente se negocian con los sindicatos. Como ejemplos, se trataría de resolver situaciones puntuales como el caso de la desaparición de una dirección general de alguna consejería o la adscripción de determinado personal especial a una agencia concreta, situación en la que están los interinos del área de Igualdad que realizan actualmente la valoración del Plan de Dependencia.

Los pronunciamientos contra el decreto son numerosos. Izquierda Unida y el PP han exigido su retirada y los populares también han anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, los sindicatos firmantes del VII Acuerdo de Concertación Social, UGT y Comisiones Obreras, demandaron ayer a la Junta que la reforma se realice en el seno del pacto, ya que la reordenación del sector público andaluz está incluida en la concertación.

UGT y Comisiones entregarán hoy martes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública un documento en el que se recogen sus reivindicaciones y modificaciones del decreto ley 5/2010.

Por otro lado, unos 200 empleados públicos de la Junta de Andalucía en Huelva -entre los que había funcionarios y personal laboral- iniciaron ayer una acampada de 24 horas a las puertas del edificio de la Delegación de Agricultura, Educación y Hacienda en señal de protesta por la publicación el citado decreto, del que exigen su derogación.