La banca española necesita entre 35.000 y 40.000 millones para cumplir con Basilea III

El endurecimiento de las normas internacionales, que serán aprobadas dentro de unas semanas por el G-20, diseñarán un nuevo paisaje bancario en España. Según el director del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School, Luis de Guindos, los bancos medianos y las cajas de ahorros tendrán que captar entre 35.000 y 40.000 millones para reforzar su capital, en los próximos años, aunque todavía no se ha fijado el calendario con exactitud.

Comenzará a aplicarse en 2013 y, de manera paulatina deberán cumplirse todos los requisitos en 2019. No obstante, el informe mantiene que los inversores y las agencias de calificación (raiting) acelerarán los plazos de cumplimiento de las normas. ¿A quién le afectará más esta normativa? Según De Guindos, los dos grandes (Santander y BBVA) no tienen apenas déficit de capital, mientras que los bancos medianos y las cajas sí se verán muy afectados. Los cálculos se han hechos con los datos a diciembre de 2009, ofrecidos por las pruebas de resistencia a la banca, por lo que no se han tenido en cuenta las inyecciones de capital del fondo de rescate (el FROB), "aunque esas aportaciones son participaciones preferentes, no capital en el sentido más estricto de Basilea III", ha señalado Guindos.

Ante la dificultad de levantar capital, De Guindos, ex secretario de Estado de Economía con el PP, ha augurado la aceleración en la concentración del sector, así como una venta importante de participaciones industriales y de carteras de crédito (negocios no rentables). También ha afirmado que se encarecerá y reducirá la concesión de préstamos.

En este sentido, el informe de PwC apunta como inevitable un menor crecimiento del PIB español en el futuro "porque ese indicador va en paralelo al incremento del crédito y esta normativa lo que hace es impedir que suba mucho, para evitar nuevas burbujas". No obstante, no ha fijado con precisión en cuánto puede verse frenado el PIB español en los próximos años. En el tejido empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) pueden ser las más perjudicadas. "Con esta normativa, a las grandes empresas les podrá interesar ir directamente a los mercados financieros y evitar los costes bancarios. Sin embargo, las PYMES, que no pueden hacerlo, pueden ser penalizadas al dificultarlels el acceso al crédito", ha afirmado este directivo.