La justicia argentina pregunta al Gobierno si España está investigando el genocidio franquista

La juez argentina María Servini de Cubria ha librado un exhorto por vía diplomática al Gobierno de España para que aclare "si se está investigando en ese país la existencia de un plan sistemático, generalizado, deliberado y planificado para aterrorizar españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, y (...) la desaparición legalizada de menores de edad con pérdida de su identidad, llevados a cabo en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977" .

Junto al exhorto, la juez ha enviado al Gobierno copia certificada de las denuncias presentadas en Buenos Aires por familiares de víctimas del franquismo y una docena de asociaciones de defensa de los derechos humanos.

El exhorto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, resume en nueve páginas los casos de algunas de las víctimas del franquismo. Por ejemplo, el de Severino Rivas Barja, " asesinado por falangistas en Portomarín el 29 de octubre de 1936" ; el de Elías García Holgado, " fusilado en Salamanca el 5 de julio de 1937 luego de un proceso sumarísimo en el que fue condenado por adhesión a la rebelión" ; el de Luis García Holgado, " fusilado en la carretera de Baños de Montemayor el 21 de septiembre de 1936" ; el de Vicente García Holgado, " desaparecido" o el de Silvia Carretero, torturada, y su marido, José Luis Sánchez Bravo, fusilado. Todos los casos, añade la juez, son "extensibles a decenas de miles de personas asesinadas en las semanas que siguen al 17 de julio de 1936 por el grupo de oficiales militares alzados, la Falange Española y otras organizaciones afines de apoyo a la insurrección" .

El texto contiene el estremecedor relato de los últimos momentos de algunas de las víctimas del franquismo. "Según testimonios de habitantes del pueblo, una vez asesinado de varios disparos, su cuerpo fue aplastado por un carro que le hicieron pasar por encima" , cuenta sobre Luis García Holgado, concejal del Ayuntamiento de Astorga fusilado en septiembre de 1936 a los 40 años. También las torturas que sufrieron algunos de los supervivientes, como Silvia Carretero, a la que en la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz le dijeron: " Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes, nos importa tres cojones si abortas" , antes de ponerle una soga al cuello y palillos.

La juez argentina reclama al Gobierno que le aclare si en España se están investigando estas atrocidades, y en caso afirmativo, que le ponga al corriente " de la naturaleza y el estado procesal actual de las investigaciones" .

La respuesta del Gobierno a ese exhorto no será fácil. El juez que quiso investigar esos crímenes, Baltasar Garzón, se encuentra suspendido y procesado precisamente por haber abierto una causa contra el franquismo. Y ese es el principal motivo por el que los denunciantes decidieron acudir a la justicia argentina. La abogada Ana Messuti animó el pasado sábado en Ponferrada a los familiares de las víctimas a sumarse a esta querella en Buenos Aires.

Exhumación de la fosa Milagros (Burgos)