12 detenidos por proxenetismo en Girona

Golpe duro a una red de proxenetismo. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas acusadas de pertenecer a una red de proxenetas y lavar el dinero a través de sociedades, inversiones y propiedades.

Hasta aquí se trataría de una operación policial más en la que los arrestados quedan en libertad con cargos a la espera de juicio. La diferencia es que este caso la operación ha servido para embargar bienes valorados en unos cinco millones de euros: 14 fincas tasadas en tres millonees y medio, cuatro vehículos de lujo, una limusina valorada en 250.000 euros, un camión y dos embarcaciones valoradas en 50.000 euros. Algunos de los bienes estaban a nombre de los arrestados y en otros casos los titulares eran sus familiares o testaferros.

"Les hemos dado donde más les duele", ha asegurado esta mañana un portavoz policial para referirse al hecho de que, por primera vez en Cataluña, una operación policial de este tipo ataca las finanzas de la banda, como ya se viene haciendo desde hace años con el narcotráfico o el terrorismo.

La banda operaba a través de dos clubs de alterne en la provincia de Girona que ya fueron intervenidos en operaciones policiales a finales de 2008. Uno de esos locales es el macroprostíbulo de La Jonquera al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concedió hace unos meses licencia de apertura para más de cien habitaciones.

La investigación se inició precisamente a raíz de la intervención policial en esos clubs de alterne, en los que se explotaba sexualmente a inmigrantes captadas en Brasis y a las que se les prometía trabajo en el servicio doméstico. Al llegar a España descubrían el engaño y se les obligaba a prostituirse para saldar la deuda contraída por el viaje y el permiso de residencia.

La policía asegura que la banda se quedaba el 80% de las ganancias de los servicios sexuales. Unos se pagaban en efectivo y muchos otros en tarjeta, lo que facilitaba el lavado del dinero a través de diversas sociedades. Los investigadores estiman que los dos burdeles en los que operaba la red generaba un negocio de 400.000 euros por trimestre.

Como suele ocurrir en este tipo de bandas, los detenidos ejercían un ferreo control sobre las mujeres, que acababan convertidas en esclavas sexuales con nula capacidad de movimientos, al punto de que vivían en lugares de mecanismo automatizados para controlar sus entradas y salidas con comprobaciones dactilares.

Entre los detenidos figura también la esposa del propietario, así como un experto en finanzas para asegurar el lavado del dinero.