La defensa de Garzón pide al Supremo la absolución del juez

El abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha pedido al Tribunal Supremo la absolución del juez en la causa abierta contra él por investigar los crímenes del franquismo. En el escrito de defensa presentado ayer, el letrado solicita la aplicación de la doctrina Botín, es decir, que no se abra juicio oral a instancias de la acusación popular, que ejercen Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, ya que la fiscalía ha pedido el archivo de la causa.

La defensa argumenta que ambas entidades "no han resultado ofendidas o perjudicadas por el supuesto delito" y, por tanto, carecen de legitimidad para instar la apertura del juicio oral, tal como ha subrayado también la fiscalía. Luciano Varela, el juez que instruye la querella por prevaricación contra Garzón, sin embargo, ordenó el mes pasado la apertura del juicio oral, lo que obligó al Consejo General del Poder Judicial a suspender cautelarmente a Garzón. Se apoyó en la doctrina Atutxa, contraria a la anterior, que legitima la acción popular cuando el delito afecta a "intereses colectivos" o los directamente perjudicados no se hayan personado. El propio Varela votó en contra del dictamen.

Martínez-Fresneda critica también el hecho de que Varela no haya querido esperar a que se resuelvan los seis recursos pendientes sobre los que tiene que decidir la Sala de lo Penal del Supremo. Además, Garzón vuelve a pedir la nulidad de actuaciones por considerar que el juez orientó al ultraderechista Manos Limpias cuando le requirió que presentara un nuevo escrito de acusación, para el que, según la defensa, optó "por copiar textualmente páginas enteras de un auto anterior al instructor".

Derechos humanos

El letrado asegura que la interpretación del ordenamiento jurídico llevada a cabo por Garzón es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "por amplios sectores de la Justicia Penal Internacional" y no ha sido cuestionada por "ninguno de los órganos jurisdiccionales que han conocido de sus resoluciones". "Y con todos los respetos que pudieran merecer, no creemos que la opinión jurídica de dos grupos de extrema derecha (...) sea de mejor criterio, o parezca mejor fundada, que la de todos los anteriores", añade.

También sostiene que su cliente actuó con la pretensión de "conceder el debido amparo y tutela judicial a los cientos de víctimas que comparecieron ante la Audiencia Nacional en demanda de justicia".

Como pruebas para el juicio pide la declaración de varios testigos y de expertos internacionales, como la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte y el juez chileno Juan Guzmán, que procesó a Augusto Pinochet, entre otros.