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El Constitucional mantiene la convocatoria del jueves para deliberar sobre Estatuto

La Generalitat y el Parlamento de Cataluña envían al tribunal un recurso de súplica para evitar el fallo

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dado un plazo de tres días al PP y a las comunidades autónomas que impugnaron el Estatuto catalán, para que se pronuncien sobre los recursos interpuestos por la Generalitat y el Parlamento de Cataluña contra las resoluciones que rechazaron la falta de legitimidad del tribunal para dictar la sentencia.

Esta decisión no altera en principio el pleno convocado para el jueves día 10, cuya convocatoria se mantiene y en el curso del cual deben dar comienzo las deliberaciones del séptimo proyecto de sentencia del Estatuto catalán, que presentará la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas.

El Gobierno de la Generalitat y el Parlamento autónomo presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional sendos recursos de súplica para que se declare incompetente para dictar una sentencia sobre el recurso del PP interpuesto contra el texto catalán y suspenda así el proceso de dictar una sentencia. Los recursos son una respuesta a la decisión del TC del 27 de mayo por la que se desestimó "sin ningún tipo de argumentación" el incidente procesal que la Cámara catalana había presentado un día antes exigiendo la inhibición del Constitucional, ha informado el Parlamento.

"Respuesta motivada" del Constitucional

En un comunicado, la Cámara ha explicado que su recurso de súplica pretende que el Tribunal Constitucional "responda motivadamente los argumentos jurídicos aducidos" debido a que la ausencia de respuesta "produce una situación de indefensión, al desconocer las razones por las que se rechaza la demanda". Según fuentes del Gobierno catalán, el Ejecutivo de José Montilla también reclama al TC un auto en el que argumente su rechazo a la petición de que el alto tribunal se inhiba de fallar sobre el recurso contra el Estatuto.

La Cámara catalana ha exigido al Constitucional que dé "audiencia" a las partes personadas en el proceso para que puedan pronunciarse todos aquellos que han interpuesto un recurso contra el Estatuto: el PP, el Defensor del Pueblo y los Gobiernos de las comunidades de Murcia, La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares.

La demanda del Parlamento pretende que con la admisión a trámite del recurso de súplica se "paralice" el proceso de dictar sentencia sobre la carta catalana antes de que el TC emita un fallo sobre el recurso interpuesto por el PP. El escrito de la Cámara insiste en los argumentos jurídicos expuestos en el incidente procesal presentado el 26 de mayo, en el que "no se cuestiona la competencia objetiva del TC como institución", pero se alega que "el actual tribunal ha perdido de vista todos los acontecimientos que se han producido".

El recurso de súplica reitera que hay una vulneración del principio constitucional de renovación temporal de los miembros del TC que afecta "gravemente" a la legitimidad del tribunal para evaluar la adecuación del Estatuto a la Constitución. En ese sentido, los servicios jurídicos de la Cámara aseguran que el tribunal incumple el artículo 159.3 de la Constitución, en el que se indica que "los miembros del TC se designan para un periodo de nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres".

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