La Asociación Unificada de Guardias Civiles anuncia un "otoño caliente" de movilizaciones por el recorte de sueldos y su situación laboral

Denuncian ser los agentes "peor pagados de España" mientras el número de generales ha aumentado de 17 a 37 durante el Gobierno de Zapatero

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el instituto armado, ha anunciado hoy un plan "inmediato" de movilizaciones "sostenidas y permanentes" en todas las comunidades autónomas y una gran manifestación en Madrid en septiembre para protestar por el "panorama negro" de los guardias civiles, los "agentes peor pagados de España" según sus palabras, tras el plan de recortes salariales del Gobierno. La asociación, que está preparando su propia propuesta de ahorro de 130 millones de euros, calcula que los agentes perderán una media de 150 euros al mes entre sueldo base y complementos mientras "el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha aumentado el número de generales de la Guardia Civil de 17 a 37".

"Un guardia civil cobra 600 euros al mes menos que un policía autonómico y trabaja gratis 35 horas más", se ha quejado el secretario general de AUGC, Alberto Moya, en rueda de prensa en Madrid. "Y nosotros ni siquiera sabemos el turno de trabajo que nos va a tocar hasta unas horas antes". "Queremos una jornada laboral digna".

La propuesta de ahorro se basa en reformar la organización de la Guardia Civil. La AUGC asegura que hay 2. 700 cuarteles, muchos de ellos en pequeñas localidades y casi sin personal que no pueden prestar un buen servicio al ciudadano y que podrían eliminarse, y se queja de la escasez de funcionarios civiles del instituto armado, "sólo 1.000 frente a los 5.000 de la Policía Nacional", y de los más de 8.000 agentes dedicados a labores administrativas o de mantenimiento (incluyendo peluqueros, fontaneros y albañiles). "Es un fraude", ha dicho José Antonio Agudo, secretario de organización. "El ciudadano paga a un guardia civil para que le proteja y lo que le da el Estado es un fontanero".

La AUGC ha denunciado también que los recortes están afectando a recursos materiales básicos; que tienen limitados los kilómetros de los coches-patrulla; que apenas pueden usarse las motos y que los controles de alcoholemia sólo los pueden hacer, para ahorrar con las boquillas, cuando hay síntomas de embriaguez en el conductor, algo que no siempre pueden valorar los agentes.

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