El juez afirma tener pruebas contra el subjefe de la trama Gürtel pese a la anulación de las escuchas

El magistrado Antonio Pedreira permitirá a Pablo Crespo abandonar la prisión si abona una fianza de 1,2 millones de euros, tal y como había solicitado la fiscalía al considerar que ya no tiene medios para obstaculizar la investigación, informa Manuel Altozano.

Además, asegura que tiene indicios racionales de la comisión de delitos cuya pena supera los dos años de prisión que "no sólo perviven en la actualidad, sino que a medida que avanza la instrucción se ven confirmados por nuevos datos, ninguno de ellos procedente de las diligencias derivadas de las comunicaciones cuya nulidad se ha declarado en auto el 25 de marzo de 2010".

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargado de instruir el caso Gürtel sobre la presunta trama corrupta en torno al Partido Popular, se refiere a las escuchas ordenadas por su antecesor, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a varios implicados encarcelados. El tribunal de Madrid declaró nulas las pruebas derivadas de los pinchazos de conversaciones entre los imputados y sus propios abogados. A partir de ahí, las defensas (a nivel jurídico) y el Partido Popular (a nivel político) han sostenido que todo el proceso se ve comprometido por esta anulación, algo que el juez parece desmentir al menos en parte hoy.

El escrito hecho público hoy condiciona la excarcelación del que fuera lugarteniente del cabecilla de la red, Francisco Correa, al abono de esa caución; además, Crespo debería presentarse en el tribunal los lunes y los viernes. El juez también le impuso una fianza de responsabilidad civil de 85 millones, no para eludir la cárcel sino como garantía ante la posible condena que se le pueda imponer.

La prisión preventiva puede mantenerse un máximo de un año, prorrogable medio más, si el delito imputado está castigado con pena igual o inferior a tres años de prisión. Si es superior, el máximo es de cuatro años.

Crespo, ex secretario de Organización del Partido Popular en Galicia, fue detenido junto con Francisco Correa el 6 de febrero de 2009, el día que se destapó el caso de corrupción más extenso de la democracia. Seis días después fue enviado a prisión, y ahí sigue, en la cárcel de Soto del Real. Ahora tiene por primera vez la posibilidad de salir del centro penitenciario.

Sin embargo, su situación económica es delicada, toda vez que la justicia ha inmovilizado todo su patrimonio conocido tanto en España como en el extranjero. Parece así poco probable que pueda abonar 1,2 millones. Los investigadores calculan que defraudó más de medio millón de euros a Hacienda.