La izquierda judicial achaca al Supremo el resurgir de los valores franquistas al encausar al juez Garzón

La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales han difundido un manifiesto entre sus asociados en el que señalan a la Sala Penal del Tribunal Supremo como responsable del "resurgir de los (des)valores" del franquismo al seguir adelante con el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que califican de "hecho doloroso e injustificable". El comunicado, firmado hasta el momento por una cincuentena de jueces, magistrados y fiscales, sostiene, en contra de lo defendido por el instructor del caso en el alto tribunal, Luciano Varela, que "cuestionar la ley de amnistía con base al derecho internacional no puede ser un hecho delictivo".

"Hoy se ha abierto el camino para que los herederos del franquismo y los defensores de su memoria sienten en el banquillo de los acusados a un juez que se había comprometido en la lucha por los derechos humanos" sostiene el comunicado, que recuerda la trayectoria de Garzón en el campo de la jurisdicción universal y su "lucha contra la impunidad de los más graves crímenes contra la comunidad internacional" que "permitió sentar en el banquillo a dictadores y torturadores, genocidas, criminales de guerra y de lesa humanidad, iniciando una nueva etapa en la historia de los derechos humanos y su afianzamiento universal".

Los firmantes aseguran que la democracia "no ha sido capaz de reparar la memoria de las víctimas de la represión de la dictadura" y señalan que los españoles "convivimos con la vergüenza de miles de personas cuyos restos permanecen indignamente enterrados en fosas comunes o cuya suerte y su paradero es desconocido por sus familiares". El hecho de que esos crímenes no hayan tenido ninguna respuesta judicial, según la nota, "resulta particularmente hiriente si se considera que la jurisdicción española ha sido capaz de perseguir a criminales contra la humanidad por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas sistemáticas o apropiación de niños cometidos en otros países mientras miraba hacia otro lado respecto de los crímenes cometidos en España".

Respecto de la ley de memoria histórica -de la que el Supremo afirma que Garzón la trató de orillar en su causa contra los crímenes de Franco- Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales subrayan que "no ofrece una solución satisfactoria para las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, como así fue denunciado por aquellos a los quienes se dirigía", es decir, las asociaciones de damnificados por estos delitos.

Entre los que lo suscriben se encuentra el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín y el ex presidente de su Sala Segunda José Jiménez Villarejo; los magistrados de la Audiencia Nacional Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez, José Ricardo de Prada y Fernando Andreu; y los fiscales Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena o Carlos Castresana, entre otros.